APRO/Alejandro Caballero
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley General de Educación Superior con 400 votos a favor de legisladores de todas las bancadas, excepto la del PT que, junto con 11 integrantes de Morena, entre ellos Porfirio Muñoz Ledo y Pablo Gómez Álvarez, sumaron 47 sufragios en contra.
El nuevo ordenamiento abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de diciembre de 1978.
Con la nueva ley, se dijo en tribuna, se da cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 3º, refrenda el carácter público, gratuito y laico de la educación superior, cumpliendo con el principio de ser universal con un enfoque de equidad, excelencia e inclusión.
Se argumentó también que quedan establecidos los criterios para el financiamiento y la regulación de la participación de los sectores público, social y privado en la educación superior.
La nueva ley reconoce la autonomía que la ley otorga a las universidades e instituciones de educación superior, así como a su régimen jurídico, autogobierno, libertad de cátedra e investigación, estructura administrativa, patrimonio, características y modelos educativos.
También promueve programas de apoyo para la titulación de los estudiantes y prioriza a la comunidad estudiantil cuyos intereses y necesidades son el centro del Sistema Nacional de Educación Superior.
De igual manera fomenta la creación de instancias para prevenir la violencia sexual y de género en los centros escolares y crea el Fondo Federal Especial para la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior de manera gradual.
Además, precisa que los recursos públicos que reciban las instituciones públicas de educación superior deberán administrarse con eficiencia, responsabilidad y transparencia, a través de procedimientos que permitan la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Para la discusión en lo particular se inscribieron alrededor de 90 reservas, la mayoría del PT, pero se daba por descontado que todas serían rechazadas por lo que una vez agotadas las impugnaciones el documento aprobado será enviado al Poder Ejecutivo.
Al presentar el dictamen, la diputada de Morena, Adela Piña, presidenta de la Comisión de Educación, destacó que la nueva ley –con 77 artículos y 21 transitorios– establece la realización de consultas en las universidades y casas de estudio para la toma de decisiones internas, garantiza mecanismos para eliminar la violencia de género, ofrece el presupuesto suficiente para asegurar la gratuidad de la educación superior, y pone freno a las universidades “patito” con una mayor regulación.
La bancada del PT argumentó que la legislación aprobada no garantiza la gratuidad de la educación superior y que deja en manos de la Secretaría de Hacienda la disponibilidad de recursos para su cumplimiento.
El diputado de Morena, Rubén Cayetano García, lamentó que la nueva ley sea resultado de una negociación entre legisladores y funcionarios del pasado que aún permanecen en la Secretaría de Educación Pública “con los que la derecha hace sus enjuagues”.
Los diputados del PAN, PRI, MC y PRD se sumaron a la aprobación de la ley, al considerar que tiene ventajas como blindar la autonomía de las universidades e instituciones de educación superior y contiene un capítulo específico para que los espacios universitarios se consoliden como libres de violencia y discriminación hacia las mujeres.
