- Con la pandemia se dispararon las quejas por violaciones al derecho a la información, especialmente en temas de salud. Con AMLO se ha incrementado 54% el número de recursos de revisión. El ciudadano se especializa en pedir datos y las dependencias en bloquearlos
EMEEQUIS/Alejandra Crail
De los pagos que el gobierno mexicano realizó a cada una de las farmacéuticas que han vendido vacunas Covid al país no podemos saber nada: la administración de AMLO sepultó todos los contratos. De los detalles del mecanismo COVAX para obtener 51.6 millones de dosis, tampoco. La información está clasificada.
La Secretaría de Salud pone trabas para entregar la base de datos con las fechas en que se tomaron las pruebas PCR a los contagiados. El IMSS niega contratos con una empresa que le vendió cubrebocas, pese a que es público que fue contratada.
En otros casos, la respuesta a solicitudes de información de la ciudadanía ni siquiera llega: hay un silencio rotundo por parte de las dependencias federales y estatales, que han encontrado en la pandemia el pretexto para pausar el derecho al acceso a la información pública.
De acuerdo con la información estadística del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia aumentaron 54% el número de quejas de la ciudadanía por la mala calidad de las respuestas a sus preguntas, la declaratoria de inexistencia o bien la clasificación y reserva de información.
Para 2020, con la llegada de la pandemia de Covid, el número de recursos de revisión –el mecanismo que el ciudadano utiliza para quejarse ante el INAI por la mala calidad o inexistencia de la información– se concentró en las dependencias que se enfocan en el campo de la salud.
Estimaciones del mismo INAI marcan que en el 64% de las quejas ciudadanas por las respuestas de las dependencias gubernamentales la falla se sostenía, por lo que se instruyó a los organismos a dar la información solicitada.
Las quejas contra el Hospital General Dr. Manuel Gea González –uno de los principales centros de atención Covid– se elevaron 2,700% de 2019 a 2020, algo similar a lo que ocurrió con el Hospital Juárez de México, que presentó un incremento en las inconformidades a sus respuestas a solicitudes de información de 2,185%.
La Secretaría de Salud, la dependencia que lleva la batuta del combate a la pandemia, ha tenido en sus distintas áreas un incremento en quejas de entre el 10 y el 500%. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que aprueba –entre otras cosas– la distribución de las vacunas, más del 133%. El IMSS –el instituto con mayor número de usuarios del país– del 11.72%.
¿Hasta que estemos en verde?
Adrián Alcalá Méndez, Comisionado del INAI, reconoce que varias dependencias se han dicho imposibilitadas a responder a las solicitudes de información ciudadanas, bajo el argumento de la pandemia. Señalan que contestarán hasta que el semáforo esté en verde. Sin embargo, enfatiza Alcalá, esto no es pretexto para negar la información, contestar incompleto o dejar de responder: “Vivimos ya en una era digital y la mayoría de los archivos están en este formato, esto permite responder, aunque la mayoría de las instituciones estemos haciendo trabajo desde casa”.
En todas las áreas abundan pretextos
Aunque la pandemia trajo un boom de solicitudes relacionadas con información sobre salud, con un interés superior en temas de vacunación, medidas sanitarias, contención de la pandemia, contrataciones, compras –detalla el Comisionado–, así como problemas aledaños, como desabasto de medicamentos o la situación laboral y de protección de médicos y enfermeras, otras dependencias aprovecharon la situación para obstaculizar el ejercicio de este derecho.
En algunos casos las dependencias han pedido pagos para entregar la información físicamente y pese a que el ciudadano ha desembolsado recursos económicos, las dependencias no otorgaron la información. Así está el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a quien un ciudadano le solicitó copia de las facturas de gastos del excanciller Luis Videgaray Caso. Aunque pagó más de 300 pesos por los documentos, a más de tres meses, la SRE se ha negado a entregar la información, bajo el pretexto de la pandemia.
Efraín Tzuc, periodista de Quinto Elemento Lab que se especializa en el uso del sistema de transparencia para investigaciones periodísticas, habla de lo que él llama “limbo de la transparencia”, aquel periodo que inició con la pandemia y que ha permitido que las autoridades de todos niveles rompan los plazos de entrega establecidos en la ley.
En este último año, esperó entre cuatro y seis meses a que le entregaran información relativa a las llamadas de emergencia al 911, información sobre personas desaparecidas, violencia contra las mujeres, situación en los reclusorios.
“Están complejizando el ejercicio de un derecho llave, desde el discurso del gobierno federal que ha ninguneado que todas y todos tengamos derecho a solicitar información”, asegura.
Del discurso presidencial al ejercicio de un derecho
Desde el arranque de su administración, AMLO ha arremetido en contra de los organismos autónomos, entre ellos el INAI, acusándolo de opacidad en casos de corrupción en el sexenio pasado.
“Todos estos aparatos administrativos los crearon para simular que se combatía a la corrupción, para simular que había transparencia. Todo fue una farsa”, dijo apenas en enero pasado. El presidente ha dicho, por ejemplo, que el INAI obstaculizó el acceso a la información del caso Odebrecht, pese a que fue por gestión del Instituto que la información se hizo pública a la ciudadanía.
Además, dijo que, sin la intermediación del Instituto, lograría que todo ciudadano que solicite información la tenga en 72 horas.
Pese al discurso gubernamental, Daniela Pastrana, fundadora y editora general de Pie de Página, asegura que la desaparición de un organismo como el INAI no es viable, pero sí lo es una autorrevisión y la corrección de los vicios que se han instaurado dentro. En general, considera que venimos arrastrando la obstaculización al acceso a la información porque los gobiernos –incluyendo al del mismo Vicente Fox, que aprobó la legislación en la materia– no tienen un interés en la transparencia de sus acciones. Esto ha provocado que el ciudadano tenga que súper especializarse en generar solicitudes, al tiempo que los funcionarios se han especializado en bloquearlas.
“Dejó de ser accesible a la gente común y tampoco está siendo una herramienta más funcional y esto no es sólo de esta administración. Es importante que funcione bien”, detalla.
Desde el medio que preside se han encontrado que la información fuera del sistema de transparencia sí fluye, pero que está determinada por el acceso que se tiene a fuentes de información. “Lo delicado es que todo se concentre a partir de estar en Palacio Nacional, de tener una acreditación para tener acceso a esas fuentes”.
Las intervenciones del INAI en pandemia
Entre las batallas que el INAI ha librado en medio de la pandemia está aquella que desbloqueó que la Secretaría de Salud otorgara el número básico de reproducción “R”, que es el promedio de contagios que se producen a partir de una persona enferma durante el periodo en que es contagiosa. La SSA había negado la existencia de esta información, pese a que el subsecretario Hugo López-Gatell había enfatizado su importancia en diversas conferencias vespertinas.
También obligó a la SSA a informar sobre los 130 hospitales terminados y puestos en operación para atender la pandemia, además del presupuesto invertido en ello. Además, dar a conocer los síntomas específicos de enfermedad respiratoria causada por Covid-19. Así como a todas las dependencias de gobierno informar sobre las pruebas Covid-19 aplicadas a titulares y otros funcionarios.
Además logró que la Conade desclasificara las copas de facturas, boletos de avión, hoteles, alimentos, bebidas y cualquier gasto del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. Así como la información relacionada con el avance de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la inversión en la obra.
“El incremento en los recursos de revisión nos preocupa y nos ocupa porque nos permite orientar nuestras capacitaciones con los sujetos obligados para que mejoren su calidad y oportunidad de su respuesta”, señala el comisionado Alcalá. Envía un mensaje: “Los derechos están en la Constitución para ejercerse y, frente a un proceso electoral, la sociedad debe poder estar mejor informada para tomar mejores decisiones”.
@AleCrail
