- Con Protocolo se pretende abatir una de las más persistentes violaciones a DDHH
- Esta es la época de la paridad de género y la igualdad en los puestos de poder: magistrada presidente del TEEA
Por décadas la violencia política en razón de género ha sido uno de los principales obstáculos para que las mujeres ejerzan efectivamente sus derechos democráticos, accedan a puestos de representación popular y formen parte de la agenda pública de Aguascalientes y del país en general, manifestó la magistrada presidente del el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes (TEEA), Claudia Eloísa Díaz de León.
Durante la presentación del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en el Estado de Aguascalientes 2020-2021, elaborado por el Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Aguascalientes (OPPMAGS), la magistrada destacó que a través de este se trata de abatir uno de los fenómenos que se ha visto crecer y “que constituye una de las más persistentes violaciones a derechos humanos, reflejo de la desigualdad entre hombres y mujeres que todavía prevalece en la actualidad, producto de una cultura patriarcal de la cual, se mantienen vivos algunos prejuicios y estereotipos que pretenden que la mujer permanezca confinada en el limitado espacio doméstico”.
Destacó que el Protocolo en el cual colaboraron el Instituto Aguascalentense de la Mujer, el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, se constituye como una herramienta de actuación estatal, con el objeto de garantizar y fortalecer el libre ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, ante el desconocimiento o desinformación en temas de violencia política en razón de género.
“Me permito compartirles, que este Protocolo está compuesto por una justificación en la que se da cuenta de los distintos instrumentos internacionales, nacionales y locales que protegen y regulan el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia política…no debemos olvidar, que la investigación y erradicación de la violencia política por razones de género, es responsabilidad de todas las instituciones que imparten justicia, hacen leyes y políticas públicas”, subrayó.
Díaz de León hizo un llamado a las mujeres que se ostenten en este momento como aspirantes o precandidatas, a las ya electas que ejercen un cargo público, así como a todas aquellas que desean ejercer su derecho a participar activamente en la política, a apropiarse de este Protocolo y que pongan a trabajar a las instituciones competentes, denunciando los actos que constituyan violencia política.
En este sentido, consideró que cobra aún más relevancia la emisión de este Protocolo, puesto que se da dentro del proceso electoral local que se desarrolla actualmente en la entidad federativa y, por lo tanto, las autoridades competentes deben de garantizarles a las mujeres que los diversos procesos comiciales se llevarán a cabo bajo el amparo de los mandatos constitucionales que favorecen la protección de sus derechos político-electorales.
“No obstante, sabemos muy bien que a más poder y más espacios ostentados por mujeres, habrá mayor resistencia al cambio. Sin embargo, estoy plenamente convencida que esta es la época de la paridad de género y la igualdad en los puestos de poder”, externó.
Destacó que en el Protocolo se establecieron medidas de reparación integral, tales como la indemnización a la víctima, la restitución en el cargo en caso de que la mujer hubiera sido obligada a renunciar por motivos de violencia, disculpa pública y medidas de no repetición. También, en el caso de los partidos políticos ya se prevé la obligación de incluir mecanismos de sanción aplicables a quienes ejerzan violencia política contra las mujeres en razón de género.
“No debemos pasar por alto que la Sala Superior del TEPJF en la sentencia SUP-REC-91/2020, ordenó al INE la creación de un Sistema Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, trayendo consigo efectos vinculantes a las personas inscritas en el mismo, pues no se les permitirá contender por un cargo de elección popular por lo menos durante tres años”, subrayó la magistrada.
