- Aguascalientes, Colima, CDMX, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz ya cuentan con una reforma aprobada y publicada
- De los 21 estados restantes, uno cuenta con su reforma aprobada por el Congreso, pero no ha sido publicada; uno más tiene una reforma aprobada en Comisiones, pero no por el Pleno del Congreso
Avanzan los procesos legislativos en las entidades federativas para adecuar su ley de transparencia y establecer la obligación de los poderes judiciales estatales de poner a disposición de la sociedad las versiones públicas de todas las sentencias emitidas; a la fecha, Aguascalientes, Colima, la Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz ya cuentan con una reforma aprobada y publicada.
Así se dio a conocer durante la sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas Jurídica, de Criterios y Resoluciones y de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en la que se presentó el Diagnóstico Nacional de Justicia Abierta y rutas para su implementación.
De acuerdo con el documento, de los 21 estados restantes, uno cuenta con su reforma aprobada por el Congreso, pero no ha sido publicada; uno más tiene una reforma aprobada en Comisiones, pero no por el Pleno del Congreso; siete cuentan con una iniciativa de estudio en Comisiones, y 12 no tienen iniciativa presentada. El plazo límite para realizar las adecuaciones correspondientes es el 8 de agosto de 2021.
El diagnóstico fue presentado por la coordinadora de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva y Comisionada del órgano garante de la Ciudad de México, María del Carmen Nava Polina; el coordinador de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones y Comisionado del órgano garante de Colima, Christian Velasco Milanés, y el secretario técnico de esta última instancia del SNT y comisionado del órgano garante de Jalisco, Salvador Romero Espinosa.
Con el fin de contribuir a la adecuación normativa y el cumplimiento de esta obligación de los poderes judiciales, Romero Espinosa propuso apoyar con insumos a los organismos garantes para que promuevan una iniciativa de reforma en sus estados; realizar jornadas de capacitación sobre la elaboración de versiones públicas, dirigidas a personal de instancias judiciales, y ayudar a la distribución de programas (software) gratuitos para facilitar la elaboración de tales versiones.
El comisionado Adrián Alcalá Méndez reconoció el trabajo que los integrantes de las comisiones han desarrollado para impulsar y promover una justicia abierta; asimismo, reiteró el apoyo del INAI a los institutos que integran el SNT, para fortalecer las acciones de capacitación, y retroalimentación.
“Pongo sobre la mesa la posibilidad de analizar los lineamientos técnicos generales, sobre todo, en el caso de las sentencias que dictan en materia de justicia para adolescentes, creo que es diferente, hay que ser más sensibles con los datos y la información que se emite en una resolución de justicia para adolescentes”, expuso.
Alcalá Méndez añadió que la inquietud planteada se encuentra en sintonía con la opinión de autoridades judiciales, que consideran que el espectro de la privacidad de menores en conflicto con la ley debe ser mayor al de otras personas involucradas en los procesos de impartición de justicia.
INAI
