APRO
Por unanimidad, los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) se manifestaron en contra de la creación de un padrón de usuarios y titulares de telefonía móvil con datos biométricos.
Con el voto de los siete comisionados se determinó instruir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Inai, como representante legal del organismo, a diseñar y presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma del pasado 13 de abril.
“Advertimos que diversas disposiciones de dicho decreto causan afectaciones de distintos tipos a los derechos humanos, de acceso a la información y de protección de datos personales consagrados en los artículos 6 y 16 de nuestra Carta Magna”, subrayó Blanca Ibarra Cadena, presidenta del Instituto.
Por ello, dijo, manifestarán su reclamo contra el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 16 de abril.
También señaló que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) no garantiza el combate a la delincuencia, sino que pone al usuario en una situación vulnerable al condicionarle el acceso al servicio de telefonía a la entrega de su información personal, aspecto que siempre se debe considerar sensible.
La comisionada Josefina Román Vergara refirió que la nueva Ley de Telecomunicaciones debe ser revisada por la SCJN, ya que transgrede los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución.
Para el comisionado Adrián Alcalá Méndez, entregar datos biométricos como plantea la nueva ley de Telecomunicaciones pone en riesgo la protección de datos de millones de personas.
“La persecución de los delitos es un tema que nos debe preocupar a todos, y el Estado es el responsable de velar por la seguridad de los habitantes. Por ello, no puede ni debe ser razón suficiente para restringir las libertades y los derechos humanos de los mexicanos. El costo que pagaríamos por esto puede ser muy alto. La entrega de los datos biométricos de todos en las condiciones planteadas, consideramos que excede por mucho la finalidad de la ley que se reformó”, abundó.
