Este viernes es clave para Maru Campos, ya que se realizará la audiencia de imputación de cargos sobre supuestos “moches” cuando era alcaldesa. Hay pruebas suficientes, asegura el abogado Óscar David Castrejón Rivas
EMEEQUIS
Los procesos judiciales que enfrenta la candidata del PAN-PRD al gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, podrían dejarla fuera de la contienda muy pronto.
El pasado 1 de abril, Maru Campos fue vinculada a proceso por el delito de cohecho pasivo y le fueron impuestas tres medidas cautelares: no puede salir libremente del país porque el juez le recogió el pasaporte; debe pagar 500 mil pesos para gozar de libertad restringida, y está impedida para acercarse a testigos y/o víctimas de los hechos por los cuales está vinculada a proceso.
El próximo viernes 16 es una fecha clave para su destino, ya que, tras haber sido diferida cuatro veces, se verificará la audiencia de imputación de cargos respecto de los supuestos porcentajes o “moches” que la abanderada blanquiazul habría cobrado a distintas empresas, a cambio de la asignación de contratos de obras y servicios, durante su gestión como alcaldesa de la capital chihuahuense. En este asunto la acusación es por presunto soborno y uso indebido de atribuciones.
Que no hay persecución
A pesar del torpedeo constante del gobierno de Javier Corral contra la candidatura de Maru Campus, la documentación relacionada con las imputaciones ha sido presentada.
Según el abogado Oscar David Castrejón Rivas, no se trata de acusaciones sin sustento, sino que hay elementos de prueba suficientes para demostrar los delitos cometidos por la panista.
Por lo tanto, asegura, no hay una persecución contra la candidata. El abogado considera que “debería estar impedida para tener contacto con los ciudadanos chihuahuenses, porque en la comisión de los delitos de los que se le acusa, las víctimas son todos los que habitan el estado”.
Iba arriba por poco, pero…
De modo que, a pesar de estar bien ubicada en la intención de voto, la campaña de Maru Campus podría estar viendo sus últimos días. Una reciente encuesta de El Financiero ubica a la panista con 41% de las preferencias, apenas 2 puntos arriba del morenista Juan Carlos Loera, quien acumula 39%.
El que debe estar a punto de destapar la champaña para celebrar la caída es el gobernador Javier Corral, pues ha hecho de todo para descarrilar la nominación de la exalcaldesa.
Imputaciones
La candidata de la coalición PAN-PRD enfrenta cinco delitos relacionados con actos de corrupción durante su desempeño como servidora pública.
Se le imputa haber recibido alrededor de 8 millones de pesos del exgobernador César Duarte Jáquez a través de la “nómina secreta”, acreditados con 34 recibos firmados por ella, a los cuales el juez de control les dio valor probatorio.
También se le acusa de haber recibido en su cuenta bancaria personal un depósito de 20 mil pesos por parte del gobierno estatal cuando era diputada, sin que pudiera comprobar un destino lícito de esos recursos.
Otro de los cargos que enfrenta es no haber proporcionado los servicios jurídicos profesionales derivados de un contrato suscrito por su despacho, Campos Galván y Asociados, con el gobierno de César Duarte, aunque sí recibió un millón 200 mil pesos como pago.
De esa acusación se derivó una adicional, la de fraude procesal, por la presunta invención de pruebas para justificar que el despacho citado sí había otorgado los servicios jurídicos contratados.
Y el caso de los “moches” arriba mencionado.
@emeequis
