El INAI ha estado realizando una serie de jornadas de presentación y difusión de un reciente material bibliográfico denominado “El poder social de la transparencia en la voz de la sociedad civil, acceso a la justicia, integración, igualdad, seguridad, anticorrupción y libertad”. Hace algunos días tuve la oportunidad de acudir a un evento de presentación en la ciudad de Zacatecas, y pude escuchar de viva voz, valiosos comentarios de algunos de las y los coautores sobre los cuales abordan la vasta temática que se atiende desde la transparencia en múltiples rubros, para arribar a la idea de que para el mejor enfrentamiento de los problemas públicos, se considere que sus causas son multifactoriales.
En el caso de la corrupción, por ejemplo, es una actitud social generada por distintas causas: la burocracia ineficiente, la impunidad, la desigualdad en distintas esferas, la nula o escasa formación de la responsabilidad ciudadana, entre otras. Por todo esto, se hace evidente que al ser un problema complejo, no puede ser resuelto con una sola acción por más grande que esta sea.
En ese mismo sentido, deben proceder las prácticas en transparencia. La responsabilidad de los órganos garantes encargados de fortalecer la apertura de los procesos en cualquier acto de gobierno no debe acotarse a garantizar el acceso a la información solamente. Debe ser el primer paso de una serie de acciones que puedan tener una mayor y más específico alcance.
Así, en un tema urgente en el país, garantizar el acceso a la información es el primer paso para ayudar en buena medida a garantizar el derecho de acceso a la justicia particularmente para los sectores más vulnerados. El acceso a la justicia debe asumirse con una perspectiva amplia que, además del acceso inmediato a información clara y de calidad, repercuta en una respuesta judicial eficiente que sea capaz de reparar del daño, de erradicar la impunidad y que genere una sensación de protección en escenarios de desventaja.
La transparencia, en su forma más desarrollada, debe aportar la elaboración de políticas públicas en diferentes niveles para atacar los problemas de injusticia social que claramente son estructurales. En lo que toca al derecho al acceso a la justicia se debe realizar desde la elaboración de estadísticas a partir de los datos que los actores gubernamentales están obligados a mostrar, desde su análisis, su ponderación y, desde luego, la participación ciudadana que sin duda enriquecerá el enfoque.
Como lo señala de manera muy acertada Ana Pecova en la obra en comento, su artículo “La transparencia como una herramienta para avanzar en el acceso a la justicia para las mujeres”, expone que asociaciones como EQUIS, organización de la sociedad civil que analiza y atiende la situación de las mujeres en el país, y los Centros de Justicia para las Mujeres, han documentado una gran cantidad de casos que muestran la indiferencia o atropello con que se tratan los derechos al acceso a la justicia.
En efecto, mujeres indígenas, mujeres en prisión o integrantes de la comunidad LGBTI no han sido respaldadas y acompañadas del modo que la ley les debe garantizar. Una cultura de la opacidad, así como el desconocimiento del sentido real de la transparencia, han generado instituciones que todavía no tienen la fortaleza necesaria para actuar con precisión en la impartición de justicia. Así, asumimos que, cuando la información sea recabada, analizada, y tratada desde una perspectiva de justicia social se podrán elaborar y diseñar proyectos de una forma mucho más sólida y completa, que se reflejen en acciones no simuladas y útiles.
Como podemos darnos cuenta, la transparencia puede ser una herramienta transformadora dentro del combate a las desigualdades que se presentan en nuestro país en diferentes formas, sin embargo, la tarea no es sencilla. Tenemos el compromiso de, además de socializar el tema con actores de gobierno y con la sociedad civil, hacerles ver su capacidad de acción y su importancia como vehículo para transitar a un nuevo modelo de gobernanza que retome los valores democráticos que nos permitan lograr una sociedad más justa.
Vemos con agrado en nuestra labor cotidiana, cómo una serie de trabajos de investigación, a través de las solicitudes de acceso a la información, se han enfocado a realizar preguntas tales como, dentro de los centros de reeducación femenil: población que LGBTI, aspectos relacionados con atención a su salud, posibilidades de educación, de capacitación para el trabajo, mecanismos de denuncias y de atención a sus derechos humanos, el tratamiento que se está dando para la prevención y atención del covid, entre otros cuestionamientos que se vinculan de manera estrecha con sus condiciones generales y derechos fundamentales.
En el rubro de la justicia abierta, entre más difundidas sean las estadísticas en materia de violencia de género, sentencias, indicadores y otras circunstancias que rodean a esta temática, más certera puede ser la elaboración e implementación de políticas públicas en pro de las causas de las mujeres, y el artículo en comento lo refiere de una manera por demás detallada y puntual.
/Brenda Macías
@BrendaM87108028
