El combate a la impunidad será eficaz si se combinan las capacidades de las instancias de control interno y de procuración e impartición de justicia, con la denuncia ciudadana
Uno de los principales retos es constituir la denuncia como un pilar importante en el proceso sancionatorio, para que todo acto de corrupción sea sancionado y así combatir la impunidad
La impunidad es un fenómeno que no solo aqueja a México; es un problema mundial que debe atacarse desde la prevención, la denuncia, la investigación, la procuración y la impartición de justicia, afirmó la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Josefina Román Vergara.
Durante su participación en el foro Retos y desafíos del combate a la corrupción y la impunidad desde lo local, la Comisionada expresó que, de acuerdo con el Índice de Impunidad Estatal en el Sistema de Justicia Penal y el reporte Hallazgos, de México Evalúa, nuestro país tiene una media nacional de 92.4% de impunidad. Es un tema relevante y hay que atenderlo, sostuvo.
“Así como la política nacional anticorrupción ha sido aprobada y se está desarrollando su implementación, a la fecha tenemos ya 15 políticas locales anticorrupción que están debidamente armonizadas con la nacional”, apuntó, en el panel “Retos y desafíos del combate a la corrupción y la impunidad en México, desde la perspectiva de los integrantes de los sistemas locales anticorrupción”.
Román Vergara comentó que “un punto fino que hay que trabajar” en materia de combate a la corrupción, es conocer a través de los órganos internos de control o las instituciones de fiscalización superior, tanto en el ámbito local como en el federal, los montos de dinero efectivamente recuperados tras haberse detectado actos de corrupción, recursos que son enviados al Servicio de Administración Tributaria o a las Secretarías de Finanzas estatales, según corresponda. “No sabemos en México si es un peso o mil millones (los que) se han recuperado”, dijo.
La comisionada destacó la importancia de las políticas anticorrupción elaboradas con una perspectiva de derechos humanos, la incorporación del gobierno abierto y, de manera muy importante, la participación social, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y la inteligencia institucional para configurar ejes directamente encaminados a combatir la corrupción y la impunidad.
En este contexto, “el combate a la impunidad será eficaz sólo si se combinan estrategias que fortalezcan las capacidades de las instancias de control interno y de procuración e impartición de justicia, con herramientas que involucren, de manera significativa, la participación activa de la sociedad por medio de la denuncia”, expresó.
Ricardo Esteban Zurita López, consejero ciudadano anticorrupción, integrante por Tijuana del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Baja California, habló sobre la falta de actores profesionales especializados para el combate a la corrupción en su entidad. “En materia de combate a la corrupción, los avances y resultados lamentablemente son negativos; pero –la situación– ha servido de ejemplo para que no se sigan estas prácticas en otros lugares”, acotó.
Dora Luz Salazar Sánchez, consejera presidenta de la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura de Baja California Sur, indicó que la corrupción es un problema que tiene una presencia muy notable en Latinoamérica y en nuestro país, “por lo que tenemos que entender y hacerle ver a la ciudadanía que esta situación de la corrupción y la impunidad viene desde casa, desde la familia y la educación”, externó.
Lilia Ochoa Ortega, presidenta del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, expuso que el combate a la corrupción mata las oportunidades de crecimiento de las personas. “Desde el Comité estamos convencidos de que esta lucha es de todos y todos debemos encabezarla, desde el sector público, privado, academia y sociedad civil”, planteó.
Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila, manifestó que el combate a la corrupción es un tema muy presente en la agenda pública, en el sector privado y en diversos sectores sociales; “es un fenómeno que impide la mejora de la calidad de vida de las y los mexicanos, y para erradicarlo no solo basta hablar de él”, advirtió.
Mario Treviño Martínez, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León, consideró que uno de los principales retos es constituir la denuncia como un pilar importante en el proceso sancionatorio, para que todo acto de corrupción sea sancionado y así se pueda combatir la impunidad. Apuntó que la tasa de denuncia en la entidad es apenas de 5.2 por ciento y una de las causas es la desconfianza de la población hacia las instituciones.
Emma Guadalupe Félix Rivera, auditora superior de Sinaloa, dijo que es urgente una revisión exhaustiva al marco jurídico del gobierno municipal, para consolidar la figura del Órgano Interno de Control (OIC). “Debemos sumar esfuerzos para lograr que las faltas administrativas se reduzcan en esta primera etapa de la actividad de la administración pública, es decir, si el OIC ejerce la totalidad de sus atribuciones, se logrará inhibir la comisión de hechos de corrupción”, resaltó.
Rafael Valenzuela Mendoza, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora, planteó que un desafío en el ámbito local es incorporar a los ayuntamientos al Sistema Estatal Anticorrupción, no sólo a través de los Órganos Internos de Control, también a través de las Unidades e Transparencia, con la finalidad de fortalecer y mejorar los mecanismos de control y prevención de la corrupción.
María Isabel Loperena de la Garza, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, destacó que la participación ciudadana en el control efectivo de la corrupción es relevante, debido a su potencial para establecer controles externos al gobierno, desde fuera de la función pública, que permitan la vigilancia de procesos específicos y el seguimiento a las actividades propias de las instituciones públicas.
El foro Retos y desafíos del combate a la corrupción y la impunidad desde lo local fue organizado por la Comisión de Rendición de Cuentas, en coordinación con la Región Norte y la Secretaría Ejecutiva del SNT.
INAI
