- Mujeres acuden menos a los servicios de salud por miedo a posibles contagios de covid-19
- Sin anticonceptivos, se podría llegar a siete millones de embarazos no deseados
El Observatorio Género y Covid-19 se conformó con diversas organizaciones de la sociedad civil organizada para revisar el impacto de la pandemia en la desigualdad de género en varios temas, entre ellos el acceso de las mujeres a anticonceptivos, señala que existe incertidumbre sobre la distribución suficiente y oportuna de métodos anticonceptivos en la cadena estatal, además que las mujeres acuden menos a los servicios de salud por miedo a posibles contagios, lo cual podría tener un efecto importante en su salud sexual y reproductiva a corto, mediano y largo plazo.
El informe que presenta el Observatorio destaca que ya antes del covid-19, uno de los grandes pendientes en este tema es la publicación del Programa Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva que incluye entre sus temas la anticoncepción y que debería señalar objetivos, metas, prioridades y mecanismos claros para todo el país, así como la medición de su avance y cumplimiento, pues sin este se corre el riesgo de que se desarrollen acciones a discreción de cada entidad federativa, sin objetivos mínimos para garantizar los derechos humanos y, en especial, el derecho a la salud. Otro aspecto relevante y desconocido en este tema es el mecanismo de compra y de distribución de anticonceptivos, lo que representa una falta de transparencia que debería garantizarse.
La emergencia sanitaria por covid-19 ha empeorado la situación en la que ya se encontraba el Sistema Nacional de Salud, aunado a que la desaparición del Seguro Popular, sin la debida referencia de personas beneficiarias, ha dejado sin acceso a servicios de salud, incluyendo anticonceptivos, a algunas personas que eran derechohabientes de este Seguro. Por otro lado, la insuficiencia de personal que brinde servicios de salud sexual y reproductiva se ha agravado.
Otro de los impactos derivados de las medidas de distanciamiento social es que existe una falta de certeza sobre si se está llevando a cabo una distribución suficiente y oportuna de los métodos anticonceptivos en la cadena estatal. De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), el confinamiento ha incrementado la necesidad no satisfecha de anticoncepción de las mujeres entre 15 y 49 años y como consecuencia habrá más de 122 mil embarazos no planeados respecto a la tendencia estimada previo a la emergencia sanitaria.
Por otra parte, la conversión de unidades de salud para la atención de covid-19 ha implicado una reducción en el acceso habitual a servicios de anticoncepción, sobre todo el dedicado a población adolescente. Asimismo, la estrategia de extensión comunitaria de la Secretaría de Salud en el marco de esta pandemia no cumple con su función, convirtiéndose en otra limitación para el acceso a los servicios de anticoncepción.
Previo a la emergencia sanitaria por covid-19 ya existía desconocimiento sobre el uso de métodos anticonceptivos como recurso para prevenir Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y evitar embarazos no deseados y algunos grupos de la población ya enfrentaban obstáculos basados en la discriminación para acceder tanto a información sobre métodos anticonceptivos como a los propios métodos.
En México, 80.31% de las mujeres que fueron víctimas de violación durante su infancia fueron abusadas por familiares. La jornada de distanciamiento social y el mensaje dirigido a las adolescentes y mujeres sobre quedarse en casa pueden exponerlas a vivir mayor violencia sexual. Ante esta situación y el incremento en la demanda de servicios de salud es indispensables que las víctimas de violencia sexual sepan que tienen derecho a la anticoncepción de emergencia y al aborto en caso de quedar embarazadas a causa de este evento. Asimismo, los servicios deben garantizar una atención oportuna para todas.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la incapacidad de obtener anticonceptivos puede llevar a siete millones de embarazos no deseados en los próximos meses. Además, podría empeorar las brechas de desigualdad existentes y los embarazos adolescentes no deseados derivados de lo anterior, con repercusiones en la vida de esta población, ya que la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años está relacionada con embarazos adolescentes (OMS, 2014).
Sin bien el gobierno mexicano ha llevado a cabo algunas acciones para mitigar estas afectaciones que contemplan: Entrega de anticonceptivos por parte de los servicios estatales de salud hasta para tres o cuatro meses a usuarias activas, el Observatorio Género y Covid-19 recomienda difundir una campaña de comunicación efectiva y bajo un marco de derechos humanos sobre anticonceptivos en el contexto de la contingencia sanitaria (disponibilidad, obtención, gratuidad) y mantener diálogo con organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el tema. Replicar campañas de comunicación en los municipios y coordinarse con clínicas particulares y organizaciones civiles para entrega de anticonceptivos.
