- Las autoridades no prestan suficiente atención a la sustracción que culmina en trata con fines de explotación sexual y suelen responsabilizar a las familias
- Ante las “desapariciones intermitentes”, las autoridades deberían considerar que la dificultad de hablar de una experiencia traumática, dificulta más no impide investigar el crimen
Las desapariciones de personas en México continúan. Desde el inicio en 2007 de la “guerra impuesta”, como la nombra la investigadora Julia Monárrez, se ha multiplicado el número de personas que desaparecen para siempre, o son encontradas asesinadas o son localizadas sin que se sepa qué les sucedió.
Como señalan estudiosas del feminicidio y la desaparición, este fenómeno complejo requiere una explicación multifactorial y acercamientos que tomen en cuenta la diversidad regional, el sexo y edad de las víctimas, las características del delito y los modos de operar de los criminales. No sucede lo mismo en Tamaulipas que en el Estado de México.
Entre los trabajos periodísticos recientes, con enfoque de género, destaca la investigación de Itxaro Arteta (Animal Político, 5 y 6 de julio), quien revela que en la última década han sido reportadas como “no localizadas” 3 mil 241 adolescentes de entre 12 y 17 años en México. Tras un arduo acceso a bases oficiales, Arteta reitera las diferencias, ya conocidas, entre la desaparición de hombres y de mujeres, y subraya que la mitad de los reportes de desaparición de mujeres corresponden a estas adolescentes. Sólo este 2021, “484 niñas de 0 a 17 años están desaparecidas”.
Aunque hay casos en que niñas y adolescentes huyen de casas violentas o en busca de mayor libertad o en efecto se van con un novio o amiga, las autoridades no prestan suficiente atención a la sustracción que culmina en trata con fines de explotación sexual y suelen responsabilizar a las familias.
Si bien Arteta refiere el trabajo de instancias dedicadas y responsables como la célula de búsqueda de Nezahualcóyotl, conformada, como otras, a raíz de la segunda Alerta de Género en Edomex, estas no existen ni todas las autoridades trabajan igual en todo el país (ni en ese estado): no siempre hacen enseguida la ficha de denuncia ni la búsqueda inmediata. El caso de Fátima ejemplifica bien las fallas del sistema.
Si ya las desapariciones permanentes o seguidas de feminicidio deberían obligar a reforzar al personal de búsqueda y a dar prioridad a la prevención, no sólo “previniendo” a niñas y jóvenes” sino mediante investigación de campo para detectar y detener a los criminales antes de que dañen, las “desapariciones intermitentes” exigen también la acción urgente de las autoridades. Este término, acuñado por la investigadora Emanuela Borzacchiello, pero que también se usa en Argentina, refiere a desapariciones de niñas y adolescentes que duran entre 72 horas y dos semanas (revista Ichan, marzo 2021). Las sobrevivientes vuelven pero no hablan de lo que les pasó. Su silencio vela abuso, explotación sexual y amenazas, por parte de una red criminal (o pueden ser individuos).
Hay casos en después la desaparición se repite: la adolescente vuelve pero sigue en riesgo. Algunas familias pueden confiar en el regreso y ya no denunciar.
Además del daño psicológico y físico que sufre, la adolescente queda expuesta y sin justicia. Como vuelve (y no denuncia a su vez), la investigación se cierra. ¿Acaso no sucedió un delito? ¿Acaso el Estado no debe reparar el daño y garantizar la no repetición para esta chica y otras? ¿Qué clase de garantía de derechos humanos es esta?
Si recordamos la Sentencia de Campo algodonero (2009), por sólo saber el riesgo que corren niñas y adolescentes, el Estado está obligado a actuar para evitar la repetición, se trate de feminicidio o de desapariciones definitivas o temporales. No actuar es negligencia, como recalcó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es también complicidad por omisión con criminales que se saben impunes.
Ante estas “desapariciones intermitentes”, las autoridades deberían considerar que la dificultad de hablar de una experiencia traumática, dificulta más no impide investigar el crimen y reparar el daño. Urge que fiscalías y comisiones de búsqueda se coordinen, inviertan en personal de búsqueda efectivo que prevenga el crimen o localice a las víctimas y en psicólogas especializadas en trauma y violencia sexual. Urge que se comprometan a investigar a fondo las desapariciones y a procesar a los criminales. Minimizar o ignorar estas violencias es perpetuarlas.
Lucía Melgar Palacios | Cimacnoticias
