- Son cerca de 200 las iniciativas pendientes que habrá de tomar la LXV legislatura
- El Congreso del Estado sí legisló contra los derechos de las mujeres y no legisló a favor de los derechos igualitarios
“Vamos a heredar muchas iniciativas”, respondió el diputado panista Alejandro González Dávila al ser cuestionado sobre por qué la LXIV legislatura, a la que él pertenece, no legisló a favor del matrimonio igualitario, aún y cuando la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) emitió desde hace meses una recomendación para que ya lo hicieran y se homologaran con la Constitución.
Contradictoriamente, aunque el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), plataforma política a la que también pertenece la diputada Paloma Amézquita, que está abiertamente en contra del matrimonio igualitario, dijo que ese tema es de suma importancia, la realidad es que aún con la recomendación que les hizo llegar la CDHEA, se decidió no legislar al respecto.
“Hemos ido sacando temas, todos son importantes, insisto, ese tema segurísimo pues la siguiente legislatura le tocará darle trámite a esa iniciativa”.
Sin embargo, la LXV legislatura que entrará en funciones en septiembre, también será de mayoría panista.
Alejandro González Dávila, presidente de la Comisión de Justicia, informó que son cerca de 200 iniciativas pendientes y hay de todos los temas. “Esperamos que la siguiente legislatura, pues con su orden que va a establecer prioridades en su agenda legislativa, pues vaya sacando los asuntos. Son de todo tipo, civiles, penales, reformas al código civil, al código penal”, entre otros tópicos, destacó.
A lo largo de los tres años que laboró la LXIV legislatura, iniciativas a favor de los derechos de las mujeres, como la despenalización del aborto, o iniciativas que buscaban el desafuero se quedaron estancadas, no obstante, este año el Congreso del Estado aprobó una iniciativa retrógrada que provenía del Frente Nacional de la Familia en la que se le pretendía dar carácter legal a un cigoto.
Además, también ya antes el Congreso había aprobado la iniciativa del “Pin Parental”, que atentaba contra los derechos de las niñas y los niños del estado al vulnerarse su derecho a la educación sexual. Dicha iniciativa fue declarada inconstitucional.
