El Derecho a Saber implica no sólo informar, sino exponer el por qué, para qué y el cómo de las decisiones políticas, y, sobre todo, responder por las consecuencias que derivan de cada una de ellas
Oscar Guerra Ford, comisionado del INAI.
Estimados Amigos invisibles, el próximo martes 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Derecho a Saber, es decir, el Derecho de Acceso a la Información en las administraciones públicas, lo que permite facilitar la rendición de cuentas y la participación ciudadana. El derecho a saber implica dos premisas: la primera que la mayoría de los avances en materia de transparencia han sido de trabajo y persistencia de la ciudadanía cada vez más exigente e interesada en los asuntos públicos -aunque necesitamos más-, ya que es necesario que las y los ciudadanos nos involucremos más en exigir información. El Derecho a Saber comienza por nuestro deber de preguntar a las instituciones públicas. Y la segunda, en la cual falta mucho por recorrer, sobre todo, desterrar la opacidad de la información en las instituciones públicas.
Como ya le he comentado, es fundamental que en una democracia las personas puedan acceder a una amplia gama de información, y con ello, participar de una manera real y efectiva en los asuntos públicos que le competen y les afectan. Todas las instituciones públicas manejan un sinfín de información, misma que pertenece al público, motivo por el cual, todos nosotros tenemos derecho a esa información, por la simple razón de ser pública.
Toda institución pública tiene dos obligaciones: la primera publicar y difundir información sobre el ejercicio del presupuesto y las actividades que están realizando; y la segunda, tienen la obligación de recibir y responder solicitudes de información que la ciudadanía pueda presentar ante cada institución, y no solo de responder por hacerlo, sino que la ciudadanía pueda ver los documentos de la información que está solicitando. Recuerde también, que el Derecho de Acceso a la Información es un derecho fundamental plasmado en el artículo 6° Constitucional el cual podemos dividir en dos partes: Activa, la cual se puede considerar como una obligación positiva de las instituciones para proporcionar, publicar y difundir información sobre sus principales actividades, presupuesto y políticas públicas de manera que la ciudadanía pueda saber en qué son empleados los recursos públicos por un lado, y por otro, generar un control sobre el comportamiento de las autoridades políticas. Reactiva, es el derecho de todas las personas en solicitar información a las y los servidores públicos sobre sus actividades, con la obligación de recibir una respuesta.
Para que la ciudadanía se vuelva más activa y participe en los asuntos públicos que nos competen, es necesario estar al tanto de los sucesos políticos y de administración pública en nuestro país y en nuestro Estado. Mire Usted, la semana pasada se suscitaron dos actos, por un lado, la designación del secretario general del Congreso del Estado, por el otro la presentación del Quinto Informe de Gobierno de la actual administración estatal.
Por lo que respecta al 5° Informe de Gobierno, hay mucho por preguntar, y sobre todo por saber, por ejemplo: ¿Qué destino y cómo se ha ejercido el crédito que autorizó el Congreso -la Legislatura pasada- al Poder Ejecutivo?, ¿cuánto se gastó en medicamentos y suministros para médicos y enfermeras por motivo de la pandemia generada por el virus covid-19?, ¿cuánto se gastó en los viajes internacionales? y ¿cuáles son los resultados obtenidos? y un sinfín de preguntas que puede Usted realizar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
En relación a la designación del Secretario General del Congreso, recibe una bola muy caliente, por un lado deberá desahogar el tema del supuesto desvío de recursos que refiere la publicación de la Caja Negra, ya que en los próximos días el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción emitirá el primer exhorto público para que presenten la información necesaria en relación a este tema. Por otro lado, el tema de transparencia es un desastre más en la casa donde se aprueban las leyes, resulta ser que, el órgano garante sancionó -otra vez, no se cuantas veces van, que ya perdí la cuenta- al Congreso del Estado por ser opaco en la publicación de información relacionada con los formatos de transparencia, es decir, la información que debería dar a conocer a la ciudadanía simplemente no la publican. A parte de dar seguimiento a todas las recomendaciones no vinculantes que ha emitido el SEA al propio congreso, en particular la de Parlamento Abierto, es decir, para que las sesiones de comisiones no se hagan en lo “oscurito” sino que sean de carácter público, no solo en el papel, sino en el ejercicio.
Aquí es donde la ciudadanía debe ejercer la parte Reactiva del derecho a saber, debemos preguntar cuántas, cuáles, dónde, cuándo, etcétera. Es decir, le invito a que pregunte información precisa y específica a cada institución, a cada dependencia, del ejercicio de los recursos y de las actividades que realizan.
Recuerde que, la diferencia entre transparencia y acceso a la información, es que la primera cualquier sujeto obligado tiene el deber y el compromiso de cumplir con el derecho de la máxima publicidad de la información en sus portales y generar la cultura de la proactividad, en cambio; el segundo concepto es más especializado en el cual se requiere un procedimiento para solicitar información a cualquier sujeto obligado que reciba recursos públicos, llamadas “solicitudes de información”. El derecho a la información muestra siempre dos caras:
- La publicidad (o transparencia) de la información y;
- La privacidad (opacidad de la información de los particulares expresada como “confidencialidad”
Como lo ha señalado el comisionado del INAI Oscar Guerra Ford: “Los alcances del derecho a saber son muy amplios e implican una serie de condiciones materiales y tecnológicas para que las personas puedan encontrar información sobre cualquier temática en la que estén interesadas, por ejemplo: salud, trabajo, educación, justicia y medio ambiente entre otros temas. En ese sentido, todos los que pertenecemos a una institución u organismo gubernamental, y aún quienes reciben recursos del Estado, sean personas físicas o morales, tenemos un compromiso con la observancia de este derecho y estamos obligados a cumplir el contexto de sus implicaciones”.
Es necesario generar un sistema de incentivos en el que se desarrolle la vida pública, y atendiendo la máxima publicidad de todos los actos y decisiones del gobierno deberían contribuir a construir una ciudadanía que se interese en la manera que sus representantes conducen el Estado, misma que exige eficiencia y honestidad en el ejercicio de los recursos públicos. Aunado con la demanda de la Rendición de Cuentas para que su voz sea tomada en cuenta no solo en las urnas, sino también en la solución de los problemas públicos.
Ya sabe, alguien lo tiene que decir. Para no dejar que unos lo hagan y otros lo permitamos.
- Le invito a seguir un Foro titulado “El Derecho a Saber como control efectivo de la corrupción en la Seguridad Pública” que se llevará a cabo el miércoles 29 de septiembre a las 12:00 horas, a través del canal de YouTube y la página de Facebook del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
[email protected] | @chazito14
