- Es reglamentada de manera muy secundaria por las instancias de salud locales
- Las carpetas de dos homicidios por trato violento en anexos despiertan la alerta
Al ser la drogadicción una enfermedad, debería ser la Ley General de Salud la que regule la estructura a fin de que sea aplicable a todos los estados, manifestó el fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, respecto a instituciones privadas conocidas como “anexos”, ya que en la entidad se contabilizan dos homicidios de internos por parte de ayudantes de estos centros.
Consideró que estos lugares no cuenta con el personal capacitado, lo que provoca que se realicen actos de violencia, a tal grado que existen dos procesos de homicidios porque en el traslado de los enfermos, ya sean alcoholizados o drogados, lo realizan de forma violenta, privando de la vida a estas personas.
Observó que en la Ley General de Salud existen tipos penales con los que la Fiscalía trabaja, aunque al existir toda una estructura en el tema de las adiciones, consideró necesario que sean regulados en esa legislación aplicable a todos los estados.
Detalló que al ser regulada de manera muy secundaria por las instancias de salud locales, como sucede en Aguascalientes, considera que no está bien reglamentada, dado que esta es una problemática de salud pública ya a nivel nacional.
Figueroa Ortega comentó que es muy común que del vecino estado de Zacatecas contraten los anexos de Aguascalientes con la intención de que atiendan la enfermedad de sus familiares y son los empleados de los anexos los que se encargan de ir por las personas y tratar de convencerlos, y se enfrentan a la negativa de ser ingresados, lo que trae como consecuencia la violencia para hacerlo.
“Yo sí creo que se debe regular en la Ley General de Salud, es facultad exclusiva del Congreso de la Unión, para verificar esto, porque al menos yo tengo presentes dos casos de homicidios por parte de los ayudantes de los anexos”, manifestó.
Recordó que si bien al tratarse de menores de edad la familia tiene facultades para ingresarlos a instituciones donde se tratan las adicciones, pero si son mayores de edad y no está consciente el paciente, sí se puede caer en el delito de privación ilegal de la libertad.
