La Caja Negra de Aguascalientes hace referencia a un reportaje que descubrió un conjunto de 140 millones de pesos facturados al Congreso de Aguascalientes que niega haber utilizado. La LXIV Legislatura de este congreso local no ha comprobado esta afirmación y, por otra parte, no ha transparentado los gastos de una bolsa de su gasto público que ascienden a 149.2 millones de pesos, los cuales coinciden con el monto de las facturas que desconocen.
Una investigación titulada La Caja Negra de Aguascalientes efectuada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha revelado que esa cantidad facturada para el Congreso está ligada a una serie de compañías fantasma e investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Esta serie de cobros fueron efectuados entre febrero de 2018 y diciembre de 2019, periodos durante los cuales se llevaron a cabo elecciones en este estado. En total son 22 empresas que participaron en las supuestas transacciones con la actual legislatura. Gran parte de ellas están ligadas entre sí, pues comparten domicilios fiscales, accionistas y hasta datos de contacto como correos electrónicos y números telefónicos.
Una serie de estas compañías tienen las mismas accionistas que otras empresas comprobadas como fantasma e incluso cuyas cuentas han sido congeladas por la UIF. La razón detrás de esto fueron investigaciones que las ligaban al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como método de lavado de dinero.
Eso no es todo, pues otra red de estas empresas incluye una asociación investigada por las autoridades españolas por desvío de recursos. Estos se habrían llevado a cabo entre el partido político Podemos y Morena. Además participaron otros consorcios que han obtenido licitaciones públicas por parte de gobiernos panistas y morenistas en otros municipios del país.
De acuerdo a personas expertas consultadas para la investigación periodística, las facturas hechas al Congreso local siguen vigentes, por lo que esas cuentas debieron ser pagadas y por lo tanto las empresas correspondientes tuvieron que pagar sus impuestos correspondientes. Al no haber información transparente al respecto, es muy probable que hayan sido utilizadas para desviar recursos.
La legislatura actual niega haber hecho esas transacciones, sin embargo se consultó a los accionistas de algunas de las compañías que aparecen como proveedoras de esta bolsa de gastos, quienes afirmaron haber llevado a cabo estos servicios, sin embargo desconocen si fueron pagados. Esto contradice completamente las declaraciones de las y los legisladores.
El procedimiento para aprobar gastos en el Congreso es el siguiente: el Comité de Administración decide en que se utilizan los recursos y el Comité de Vigilancia examina estas decisiones y finalmente las aprueba. Según la propia cámara legislativa, las personas responsables de estos comités son Alejandro Serrano, Enrique García López, Gustavo Báez, Guillermo Alaníz, Karina Eudave, Mónica Jiménez, Héder Guzmán, Juan Manuel Gómez y Sergio Augusto López, la mayoría de los cuales pertenecen al PAN.
Por lo pronto, Francisco Miguel Aguirre Arias, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes y Francisco Javier Ruíz López presidente de México Líder, presentaron denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Aguascalientes y ante Fiscalía General de la República señalando a la legislatura actual del Congreso por desvío de recursos y corrupción.
En las denuncias referidas se busca que se reconozca a la ciudadanía como víctima de los presuntos delitos cometidos por las y los legisladores, con el objetivo que durante todo el curso de litigio puedan constituirse los ciudadanos como víctima del delito y coadyuvante de la investigación y proceso.
Aquí se encuentra completo el reportaje La Caja Negra de Aguascalientes hecho por MCCI.
