APRO/Juan Omar Fierro
El responsable de vigilar y operar los penales de alta seguridad del gobierno mexicano, el general Sergio Alberto Martínez Castuera, se encuentra en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) para ser imputado por ejercicio indebido de atribuciones y facultades debido a presuntas irregularidades en los contratos para construir y operar ocho penales federales.
El mando militar también enfrenta una denuncia administrativa ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por nepotismo, de la que se envió copia al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
Funcionario en activo, Martínez Castuera funge en la actualidad como coordinador de Centros Penales Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social (OADPRS), por lo que tiene a su cargo el funcionamiento de los Centros Penales Federales que operan bajo los contratos de prestación de servicios (CPS) y los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).
En ambos casos se trata de las cárceles de mediana y alta seguridad para internos acusados de delitos federales; las primeras, bajo control de la iniciativa privada para el manejo de sus recursos financieros, y las segundas, bajo la operación directa del gobierno federal tanto a escala administrativa como de seguridad.
En los documentos a los que Proceso tuvo acceso se acusa al general de División con maestría en Seguridad Nacional de utilizar su actual cargo en la administración pública para colocar en puestos directivos del Instituto Nacional de Migración (Inami) a su hermano Héctor Leoncio Martínez Castuera y a su hija Ariadna Irais Martínez Castuera Arroyo.
De acuerdo con la denuncia, Héctor Martínez Castuera se desempeña como director general de la Coordinación de Oficinas de Representación del Inami, mientras que Ariadna Irais Martínez Castuera Arroyo es subdirectora de Migración para Asuntos de Centroamérica y el Caribe, de la Dirección General de Protección al Migrante del propio Inami.
En la carta enviada al presidente López Obrador se afirma que el nexo del militar con el funcionario de Migración es el actual comisionado del Inami, Francisco Garduño Yáñez, hombre que goza de toda la confianza del mandatario.
En el arranque del actual gobierno Garduño Yáñez fue nombrado comisionado de Prevención y Readaptación Social, cargo al que renunció el 14 de junio del 2019 cuando el presidente López Obrador lo designó titular de Migración.
Sin embargo, durante su actuación al frente del OADPRS, Garduño nombró al general Martínez Castuera coordinador general de las cárceles federales, cargo que el militar conservó tras la llegada a ese organismo de José Ángel Ávila García como nuevo comisionado de Prevención y Readaptación Social.
En la misiva enviada a López Obrador también se advierte que el actual director general de Control y Verificación Migratoria del Inami, Antonio Molino Díaz, es otro de los señalados en la causa penal que la FGR presentó ante un juez federal, para tratar de imputar a tres funcionarios en activo y a 17 exservidores públicos en el caso de las ocho cárceles federales que fueron entregadas a consorcios privados para su construcción y operación por un periodo de 22 años.
La audiencia de imputación contra todos los involucrados, incluyendo al propio general Martínez Castuera y a Antonio Molina Díaz, presuntamente por causar daño al erario por 62 mil millones de pesos, está programada para realizarse el próximo 18 de octubre en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.
El Órgano Interno de Control del OADPRS recibió el 13 de agosto último una denuncia adicional contra el general Martínez Castuera por la designación de un custodio, identificado como Jorge Luis Valdez González, como responsable del Cefereso 9 Norte, que se ubica en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Última morada de Joaquín El Chapo Guzmán antes de su extradición a Estados Unidos, esa cárcel de alta seguridad fue cerrada el 27 de diciembre de 2020, por lo que actualmente se encuentra en proceso de desincorporación y no cuenta con ningún reo.
En los oficios que se anexan a la denuncia se advierte que el coordinador general de Centros Federales, el general Sergio Alberto Martínez Castuera, avaló la petición de su subordinado, Jorge Luis Vargas Valdez, para “sumar personal de seguridad a un centro penitenciario que ya no cuenta con personas privadas de la libertad”.
Según el documento, la conducta del general Martínez Castuera y su subordinado Vargas Valdez podrían representar violaciones a los artículos 7, 57 y 63 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los cuales se sancionan el nepotismo y el abuso indebido de funciones en materia del servicio público.
“Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 9, 92 y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, acudimos a este OIC a presentar denuncia contra el Gral. de Div. y Mtro. en Seg. Nal. Sergio Alberto Martínez Castuera, actualmente coordinador general de Centros Federales, y Jorge Luis Valdez González, encargado del proceso de cierre del Cefereso 9 Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, por la comisión de infracciones y delitos que deriven de la investigación que al efecto se instaure”, concluye la queja.
