- Estos casos de represión policial tuvieron en común que durante las detenciones y traslados, las niñas y mujeres sufrieron violencia física, psicológica y sexual
En una audiencia realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron al Estado mexicano, por primera vez, por el uso indebido de la fuerza, violencia y tortura sexual, acoso, hostigamiento físico y digital, que han vivido las mexicanas por parte de policías en el contexto de las protestas feministas.
Al participar este día en el 181 periodo de sesiones de la CIDH, organizaciones del Espacio OSC para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Amnistía Internacional, denunciaron que el Estado mexicano ha reaccionado con violencia y discursos estigmatizantes ante la exigencia de las mujeres de un despliegue de estrategias para atender la violencia de género.
Algunas de las violaciones a los DH que criminalizan la protesta social enlistadas por las defensoras fueron la reforma aprobada en diciembre de 2020 a la Ley General de Comunicación que castiga a quienes bloqueen vías ferroviarias; la falta de recursos y de eficiencia en la operatividad del Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de DH y periodistas; discrecionalidad y ambigüedad en el marco normativo de los cuerpos militarizados, así como la falta de transparencia y ausencia de controles; uso indebido del derecho penal contra manifestantes; falta de seguimiento a las denuncias y atención para víctimas de violencia y tortura sexual; la creación de ambientes hostiles para la libre asociación de las mujeres; violencia machista en el entorno digital; y el incumplimiento en la creación de un Observatorio Independiente para monitorear el uso de la fuerza (ordenado por la Corte Interamericana por el caso de Atenco).
Tan solo entre 2020 y 2021 las organizaciones documentaron represión policial en manifestaciones encabezadas por mujeres en al menos 10 estados de la república: Aguascalientes, Sinaloa, Quintana Roo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Chiapas, Estado de México, Jalisco y Ciudad de México. Estos casos de represión policial tuvieron en común que durante las detenciones y traslados, las niñas y mujeres sufrieron violencia física, psicológica y sexual.
Las defensoras presentaron un video con el testimonio de algunas de las mujeres que vivieron directamente estas violaciones a sus derechos. Entre los casos estuvo el de “Ariana”, detenida cinco días después de participar en una protesta en Querétaro en el marco del Día Internacional de la Mujer, por el delito de “daños”. La joven relató que durante la detención no se le informaron sus derechos y que desde entonces ha recibido presión para que acepte su culpabilidad. Este hostigamiento ha derivado en dos intentos de suicidio e incluso un internamiento en un hospital psiquiátrico.
Frente a este contexto, las organizaciones pidieron a quienes integran la CIDH que monitoree diferenciadamente las manifestaciones encabezadas por mujeres en el país, se pronuncie por las violaciones a distintos derechos vinculados con la protesta; se pronuncie sobre la naturaleza contraria a los DH de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y sobre la urgencia de adoptar mecanismos de supervisión externa de los organismos de seguridad; y resuelva los asuntos jurídicos en trámite ante la Comisión sobre este tema.
Las organizaciones también pidieron que exhorte al Estado mexicano a reconocer la legitimidad de las manifestaciones encabezadas por mujeres y se abstenga de estigmatizar a sus participantes, ya sea en el entorno físico o virtual, e investigue de forma seria, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género, las violaciones que han vivido las mujeres al participar en protestas; y se abstenga del uso indebido del Derecho penal en contra de niñas y mujeres que se manifiestan.
También pidieron que promueva la implementación de mecanismos de supervisión externa de los cuerpos policiales de todos los niveles de Estado, especialmente a través de la creación de un Observatorio Independiente para el seguimiento de las políticas en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la Guardia Nacional, y garantice los DH en tareas de seguridad al pasar de un modelo militarizado a uno de construcción de paz; y construya una ruta de trabajo para fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas.
Durante su participación como representante del Estado y luego de los cuestionamientos de las comisionadas, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís, reconoció que “no es suficiente la capacitación, se requiere el acompañamiento, se requiere supervisión y monitoreo. No es suficiente que una mujer se vista con uniforme de policía para decir que contamos con una policía de género. Eso no es suficiente y eso no es policía de género Necesitamos contar con policías que pongan en práctica la debida diligencia, con perspectiva de género”.
Las otras funcionarias que representaron en esta audiencia al Estado mexicano, entre ellas la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman; la diplomática Luz Elena Baños Rivas; y la directora General de lo Consultivo y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alma Delia Arriola Beltrán, aseguraron que México garantiza el derecho a la libertad de expresión, la libre manifestación y la protesta.
Como parte de sus argumentos, las funcionarias enunciaron capacitaciones y manuales con perspectiva de género para las y los policías, así como pronunciamientos y llamados que han hecho a los gobiernos locales. No obstante, no respondieron ante la pregunta explícita de las Comisionadas sobre si existe un mecanismo de evaluación que demuestre que estas acciones y la articulación entre los niveles de gobierno ha rendido efecto.
Al cierre de la audiencia, la Comisionada Julissa Mantilla Falcón, reconoció que todos los derechos reconocidos para las mujeres han sido consecuencia de la protesta y las marchas de las mujeres feministas: “Los derechos de las mujeres, de las niñas, como siempre digo, las mujeres mayores son esas niñas que en su momento no pudieron protestar porque no había derecho al voto, porque no había derecho a la participación, porque no había posibilidades que hoy existen, gracias a la protesta de las mujeres”.
Angélica Jocelyn Soto Espinos | Cimacnoticias
