El pasado fin de semana la mayoría de las y los integrantes de la Cámara de Diputados aprobó el recorte de 4 mil 913 millones de pesos al presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral para el año 2022, siendo el cuarto año consecutivo en el que dicho órgano legislativo hace una reducción al presupuesto solicitado por el INE.
Lo anterior cobra relevancia debido a que el año pasado se vivieron las elecciones más grandes de la historia de México y de Aguascalientes. Además, se llevó a cabo la consulta popular planteada por el Ejecutivo Federal, siendo este el año con más gastos para dicho órgano administrativo nacional.
Cabe resaltar que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el primer promotor de la consulta para la supuesta revocación de mandato, situación que implicó una reforma constitucional en el año 2019, para que esta se elevara a tal rango, y, así, la ciudadanía pueda o no continuar con el ejercicio del cargo hasta el año 2024.
Esta consulta evidentemente implica un gasto de organización similar a la de una elección presidencial, además, no debemos pasar por alto que durante el año 2021-2022 también se renovarán seis gubernaturas en el país, lo que de igual manera, representa un gasto para el Instituto, por lo que dicho recorte deja a la institución varada para llevar a cabo de manera eficiente la referida consulta y las citadas elecciones.
No cabe duda de la lucha constante que el Instituto Nacional Electoral ha tenido en la búsqueda del presupuesto solicitado los últimos cuatro años, pero…¿Los recortes presupuestales vulneran los derechos político-electorales de las y los ciudadanos? Muchos consideran que al haber un presupuesto menor, la capacidad de alcance para el efectivo ejercicio del sufragio, se ve afectado.
Sin embargo, la organización de las elecciones en nuestro país constituye una de las democracias más caras en el ámbito mundial, por eso, y por muchas razones más, se ha buscado la homologación de elecciones en los Estados, tal y como sucederá en Aguascalientes, pues la gubernatura próxima tendrá una duración de cinco años, de esta manera se reducirá el gasto de dos procesos electorales, en uno solo, pero eso será tema de otro artículo.
Han quedado a la luz pública las diferencias del presidente de la república con el INE y sus integrantes, además de los problemas al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que motivan aún más al presidente y a los legisladores de Morena llevar a cabo la reforma electoral de la 4T.
El panorama es incierto, pero sin duda alguna, habrá que seguir de cerca el procedimiento legislativo de dicha reforma, pues como dicen por ahí “los que saben”, tienen la responsabilidad de aportar ideas concretas en pro de la democracia, de nuestro estado y de nuestro país, pero sin poner en riesgo la democracia de nuestro país y estado.
