- La ASF emitió dos recomendaciones a la UTA para un mejor control del presupuesto que recibe de la Federación
- Se le auditaron 53 millones de pesos
En total, son dos las recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió a la Universidad Tecnológica de Aguascalientes (UTA), ambas relativas al manejo de los recursos federales que se le transfirieron para el ejercicio fiscal del 2020, de acuerdo a una revisión a de la auditoría número 193 realizada por LJA.MX.
Si bien dentro de las revisiones y observaciones que hizo el máximo órgano fiscalizador del país a la UTA no se encontraron desvíos millonarios, ya que la universidad se encargó de solventar las observaciones y de reintegrar a la Tesorería lo que faltó por solventar, por cómo operó los recursos federales es que se emitieron las recomendaciones.
La auditoría 193 verificó los Subsidios para Organismo Descentralizados Estatales (universidades tecnológicas y politécnicas, específicamente) aportados por la federación durante el 2020 y usados por la UTA. La muestra examinada fue de casi el total, pues en ese año la federación le otorgó a la institución 53.9 millones de pesos, cuando la muestra fue de 53.7 millones, el 99.6% de los recursos transferidos.
Entre las debilidades que se encontraron en los procesos de la UTA fueron no establecer “responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública”, según dice la auditoría.
La primera recomendación pide que “la Universidad Tecnológica de Aguascalientes elabore un programa de trabajo, con responsables y fechas perentorias, para atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar” el cumplimiento de los objetivos que lleva el subsidio millonario que se les otorgó.
La segunda recomendación tiene que ver con que realice las gestiones correspondientes ante el Registro Nacional de Población e Identidad para validar la información que se reportó en el pago de nóminas a trabajadores de dicha institución, ya que una de las observaciones fue porque 14 personas identificadas con CURP estaban con estatus “no encontrado”, y aún así se les siguió pagando las 24 quincenas del 2020.
