- Ciudadanía y los mismos veterinarios desconocen las normas que señalan la prohibición del tráfico de especies
- En el 2020, la Profepa sólo promovió la investigación de seis personas por el tráfico de animales
Autoridades no han logrado frenar el tráfico ilegal de animales, es necesario intensificar la educación ambiental en la ciudadanía para generar mayor conciencia y eviten comprar cualquiera de las especies silvestres.
Desde el 2008 está prohibida la venta o posesión de cualquier especie de la familia de los psitácidos como lo son las guacamayas, loros o pericos. El código penal en su artículo 420 establece un castigo de nueve años y una multa de 9 mil días de salario mínimo a quien sea sorprendido traficando con este y otro tipo de especies de flora y fauna.
Según el informe de actividades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en el 2020 aseguraron 15 mil 992 ejemplares de silvestres de la fauna y 2 mil 900 de flora producto de más de mil inspecciones, recorridos y operativos, sin embargo, solo se remitieron seis personas al ministerio público federal, es bajísima la cifra de personas a las que se inicia una carpeta de investigación por este delito. Para este año, aún no han informado el total de especies aseguradas.
Natalia Sánchez, médico veterinaria en Aguascalientes, señaló que las normas prohibitivas no han tenido el alcance esperado pues afirmó que es frecuente que los veterinarios tengan que atender a especies ilegales. Destacó que aún autoridades, veterinarios y ciudadanos en general desconocen aún las normas relacionadas al tráfico ilegal de especies.
“Yo que trato directamente con los dueños o tutores me dicen que no saben que son ilegales, pues cómo van a saber que es ilegal si el policía está a un lado viendo cómo venden a la especie y no hace absolutamente nada, y es que solo preguntando podemos saber dónde venden estas especies”, comentó.
Reconoció la importancia de que se tenga una buena educación ambiental a toda la ciudadanía en general pues incluso los mismos veterinarios desconocen qué especies son ilegales y podrían ser sujetas a sanción.
