APRO/Sara Pantoja
La Comunidad Estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sede Santa Fe, exhortó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a publicar “íntegramente” el contrato o convenio entre la institución educativa, que depende de éste, y el Servicio de Protección Federal (SPF) que, a partir del 1 de enero del 2022, vigilará sus instalaciones.
En un comunicado, los estudiantes solicitaron particularmente “conocer con claridad el armamento y protocolos de actuación acordados”.
La petición de los alumnos -quienes están en paro desde el 29 de noviembre en protesta por la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director general- se da luego de que el pasado 17 de diciembre el CIDE informó que a partir del 1 de enero del 2022, el SPF tomará la vigilancia intramuros del plantel. Los estudiantes consideraron el anuncio como “un desplante de autoritarismo”.
En su documento, agradecieron las muestras de solidaridad y preocupación expresadas por personas y organizaciones sobre ese “preocupante anuncio”, pues “pone en peligro la integridad de las personas que actualmente ejercemos nuestro derecho a la manifestación en el interior del plantel”.
En particular, distinguieron el posicionamiento de Amnistía Internacional México, organización que advirtió que el cambio de servicio de guardias del CIDE “podría contravenir los estándares internacionales en materia de seguridad ciudadana y Derechos Humanos en recintos educativos o de carácter académico”.
Tal medida, dijo, “convertiría a nuestro Centro en la única universidad pública del país con este tipo de custodia, caracterizada por incluir en su manual de actuación la posibilidad de usar “fuerza letal”.
Los estudiantes recordaron el posicionamiento de AI México en el sentido de que la Declaración de Principios Interamericanos sobre Libertad Académica la Autonomía Universitaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) defiende, entre otros principios, el de la inviolabilidad del Espacio Académico y reconoce que:
“La intervención de las fuerzas de seguridad del Estado en las instituciones académicas violenta su autonomía y genera un efecto amedrentador sobre la comunidad académica”, además de que exhorta a que las intervenciones Estatales solo sucedan en: “casos excepcionales” y “dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como los derechos humanos”.
Entonces, añadieron: “no existe ningún motivo fundado para una intervención de este tipo en el CIDE”.
Por ello, pidieron al Conacyt, “en su condición de cabeza de sector” que publicite íntegro el contenido del contrato con el SPF.
Por último, en su comunicado, los estudiantes dijeron que, “en virtud de que Romero Tellaeche aseguró en su respuesta pública a AI México que solicitó la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), exhortaron a ésta a hacer públicos los documentos que den cuenta de esa petición y la respuesta oficial que la Comisión dio a Romero Tellaeche.
