La indignación generalizada que causó recientemente la muerte de un joven en un accidente automovilístico ocasionado por una persona que conducía bajo los efectos del alcohol al norte de la ciudad de Aguascalientes, es una muestra más de la problemática latente –y hasta ahora incontenible– que se vive en la entidad: los hechos de tránsito, sobre todo aquellos originados por conducir a altas velocidades o en estado de ebriedad, están cobrando cada vez más vidas y causando lesiones graves en la población –principalmente en los jóvenes–, mientras las autoridades hacen mutis ante esta situación. En ese sentido, cabe recordar que, según los datos más recientes del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, sólo en 2018, en el estado de Aguascalientes murieron 234 personas en hechos de tránsito, es decir, casi 20 personas al mes, equivalente a una persona cada 36 horas, lo que, si no fuese porque esta problemática tiende a normalizarse e invisibilizarse, por sí mismo debería ser preocupante y un llamado a la acción.
Lo anterior es aún más trágico considerando que un gran porcentaje de los hechos de tránsito son prevenibles a través de medidas normativas y regulatorias e intervenciones físicas que pueden implementarse en las ciudades. Así lo han entendido muchos gobiernos en el mundo que, conscientes del enorme reto de salud pública que significa esta problemática, han emprendido esfuerzos ambiciosos para materializar lo que, en materia de movilidad y seguridad vial, se conoce como “Visión Cero”, es decir, cero muertes y lesiones graves por hechos de tránsito. Incluso, muchas ciudades han establecido metas y plazos claros para realizar la “Visión Cero” y han designado equipos multidisciplinarios para coordinar e implementar las acciones necesarias.
¿Y en Aguascalientes? No sólo no existe ningún esfuerzo visible para prevenir los accidentes viales, sino que medidas preventivas como las fotomultas, que tienen como propósito reducir la velocidad, o los alcoholímetros, que buscan evitar conducir en estado de ebriedad, desde hace tiempo se cancelaron y dejaron de realizar. Más aún, el gobierno del estado ha invertido todos los recursos a su alcance –económicos, políticos, técnicos– para crear autopistas urbanas sin ningún tipo de medidas que induzcan a manejar con responsabilidad; por el contrario, la configuración física de autopistas como el “circuito de flujo continuo” en Segundo Anillo está diseñada para incentivar la velocidad. Los resultados son evidentes e innegables: los hechos de tránsito son cada día más graves y frecuentes.
¿Qué hacer entonces para prevenir los accidentes viales? En primer lugar, Aguascalientes debería contar con una estrategia “Visión Cero” de carácter multinivel que involucre tanto al gobierno estatal como a los gobiernos municipales, y multisectorial, o sea, en la que no sólo participen las áreas de tránsito y movilidad, sino también otras indispensables, como obras públicas, desarrollo urbano, salud, y educación. Esa estrategia podría formularse de manera relativamente rápida, pero debería establecer con claridad lo siguiente: objetivos y metas medibles y cuantificables; acciones específicas en materia tanto de infraestructura como de normatividad, regulación, educación, etcétera; áreas responsables de coordinar e implementar cada acción; plazos y cronogramas para cumplir con lo establecido; y presupuestos y fuentes de recursos para llevar a cabo la estrategia.
En ese contexto, existen tres medidas que, como muestran experiencias exitosas en el mundo, pueden ser sumamente efectivas para disminuir la frecuencia y severidad de los hechos de tránsito:
Intervenciones de diseño urbano y seguridad vial en vialidades e intersecciones conflictivas: consiste en acciones en la infraestructura vial para reducir la velocidad vehicular de manera pasiva, como rediseñar la geometría de algunas vialidades, cruces e intersecciones, incluyendo el ancho de vía, el radio de giro y la distancia peatonal; así como introducir elementos físicos que induzcan a los automovilistas a disminuir la velocidad, como banquetas, camellones, reductores de velocidad –no topes–, etcétera.
Implementación de puntos de control de alcoholimetría: mejor conocidos como “alcoholímetros”, son operativos en los que mediante entrevistas iniciales y pruebas cuantitativas, los equipos designados para realizarlos, que deben incluir no sólo agentes de tránsito sino también médicos, capturistas, observadores externos, operadores de grúas, entre otros, detectan si una persona se encuentra incapacitada para conducir un vehículo y, si fuese el caso, le retiran el vehículo y asignan sanciones administrativas.
Implementación de mecanismos para el control de la velocidad: incluye la aplicación de multas con radares operados manualmente por agentes de tránsito, o con fotomultas que detectan cuando un automovilista excede los límites de velocidad. En el caso de las fotomultas, es indispensable que, en caso de concesionar el servicio a una empresa externa, el pago por dicho servicio no esté asociado al número de infracciones, pues podría incentivar a la empresa a procesar el mayor número de multas, lo que generaría desconfianza en el sistema. En cualquier caso, para mitigar la posible inconformidad con este tipo de medidas, los ingresos generados podrían etiquetarse para la mejora de la infraestructura urbana, como banquetas, ciclovías, pavimentación, alumbrado, etcétera, y hacer pública la información.
En conclusión, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, con el apoyo de la iniciativa privada y la sociedad civil organizada, deben tomarse esta problemática en serio y con responsabilidad e implementar acciones coordinadas para prevenir más muertes y lesiones graves por hechos de tránsito y, con ello, garantizar que todas las personas realmente puedan desplazarse con seguridad en la entidad. Veremos.
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