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miércoles, febrero 4, 2026

Testimonios de mujeres son “pruebas fundamentales” en casos de violencia sexual

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  • El mandatario federal no retirará la postulación de Salmerón porque no existe una denuncia formal contra él
  • Muchos delitos contra las mujeres se comenten en ausencia de otras personas y en lugares privados como para obtener evidencias

 

Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Cimacnoticias

 

Desde 2010, México tiene el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) de considerar los testimonios de las mujeres que son víctimas de violencia, ya sea familiar, sexual o de otros ámbitos, como “pruebas fundamentales”, afirmó la abogada experta en derechos de las mujeres, Leticia Bonifaz Alfonso. 

A pesar de las exigencias del movimiento feminista, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en mantener el nombramiento que hizo el 17 de enero pasado, cuando propuso al historiador Pedro Agustín Salmerón (acusado reiteradamente en redes sociales por acoso y abuso sexual) como embajador de México en Panamá. 

Como lo hizo en el caso de la candidatura a gobernador del morenista Félix Salgado Macedonio, el mandatario federal argumentó que no echará para atrás la postulación de Salmerón porque no existe una denuncia formal en contra del académico.

Al respecto del valor de la palabra de las mujeres en casos de violencia, la abogada, experta en los derechos de las mujeres e integrante del Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), Leticia Bonifaz, explicó en entrevista con Cimacnoticias que desde el 2010 y luego en el 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que “los testimonios de mujeres víctimas de delitos constituyen una prueba fundamental de la naturaleza propia de dichos delitos, ya que normalmente ocurren en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores y en lugares privados”.

Esto lo sostuvo la Corte Interamericana al revisar los casos de las indígenas mexicanas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú (violadas por militares) y emitir dos sentencias condenatorias contra México. Por ello, explicó la abogada, no se puede esperar que existan pruebas gráficas, documentales o testimoniales de personas que no sean las víctimas directas. “La declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho”, dijo la Corte.

A partir de este caso, explicó Bonifaz, la Suprema Corte Justicia de la Nación ha venido reiterando en diversos amparos la situación de vulnerabilidad en la que se puede encontrar una víctima y su relación particular con el agresor (que puede ser jerárquica). 

Un ejemplo de ello es el Amparo Directo en Revisión 3186/2016 (sobre hostigamiento sexual), donde se reafirma que por la complejidad que implica la valoración probatoria por parte de las personas juzgadoras en casos en los que se ha ejercido violencia sexual contra la mujer, “la cual radica en la naturaleza de la comisión de este tipo de actos, los cuales son, generalmente, perpetrados de manera oculta, situación que dificulta la existencia de testigos o de otro tipo de evidencias”, el testimonio de la víctima del delito suele constituir “la prueba de mayor relevancia en la acusación formulada contra la persona imputada”.

Este amparo también dice que en casos de violencia contra las mujeres, puede incluso no ameritar contacto alguno, implica una expresión de abuso de poder. Esto mismo, y el hecho de dar mayor credibilidad al dicho de las mujeres por las características y el peligro en el que se encuentran se reiteró en el amparo 2655/2013 (sobre patria potestad y pensión alimenticia); 6181/2016 (sobre violencia familiar en contra de las mujeres); 1206/2016 y el 1412/2017.

 

Crecen reacciones en contra

Ante la insistencia del mandatario de mantener el nombramiento de Salmerón, el movimiento feminista sigue mostrando su rechazo. Por ejemplo, la red Nosotras Tenemos otros Datos y el movimiento Todas México iniciaron una campaña en redes sociales, en la que aseguran que “un acosador no debe ser embajador” y pidieron que el Senado ni la cancillería ratifiquen el nombramiento, y que la Fiscalía General de Justicia de la República investigue las denuncias de las mujeres que han prestado su testimonio.

Asimismo, las feministas pidieron a López Obrador que deje de proteger a agresores sexuales, no estigmatice a las víctimas y cumpla sus responsabilidades constitucionales y convencionales. 

Además del movimiento feminista en México, algunos medios de alcance nacional en Panamá publicaron en sus portadas del día 19 de enero la noticia de que un hombre acusado de acoso sexual sería nombrado embajador de México en su país. Por ejemplo, el medio TVN noticias puso de titular “Profesor señalado por supuesto acoso sexual es nombrado como embajador de México en Panamá”; y el medio La Estrella de Panamá puso “Polémica por designación de embajador”.

En el Senado de la República –donde se deberá ratificar este nombramiento– se han escuchado posiciones encontradas al respecto de Salmerón, incluso dentro de quienes han legislado a favor de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, por un lado la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, expresó en entrevista con Cimacnoticias su rechazo a la propuesta por lo que significaría que un hombre con estas acusaciones acuestas represente a México.

No obstante, algunas senadoras morenistas que en el caso de la candidatura de Félix Salgado Macedonio como gobernador de Guerrero expresaron su rechazo, en este caso han respaldado la posición del presidente, como Martha Lucía Micher Camarena, que preside la Comisión de Igualdad de Género, llamó a respetar “la presunción de inocencia” del postulante. 

En otros casos, las senadoras morenistas como Citlalli Hernández, Antares Vázquez Alatorre, Jesusa Rodríguez, que en su momento se pronunciaron en contra de Félix Salgado, no han expresado ninguna opinión al respecto de la postulación de Salmerón.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ​​en 2021 se abrieron 69 mil 512 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y la seguridad sexual.

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