La ciudadanía debe tener la posibilidad de verificar si efectivamente las personas candidatas pertenecen a un grupo en situación vulnerable
El acceso a la información permite verificar que el INE llevó a cabo la verificación de las personas candidatas, generando una efectiva rendición de cuentas
El derecho de acceso a la información contribuye a garantizar una efectiva rendición de cuentas en el ámbito electoral, al permitir que la ciudadanía verifique si los partidos políticos cumplen con las candidaturas destinadas a grupos en situación vulnerable, coincidieron la comisionada Josefina Román Vergara y el comisionado Adrián Alcalá Méndez, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“La ciudadanía debe tener la posibilidad de verificar si efectivamente las personas candidatas pertenecen a un grupo vulnerable y, por consiguiente, que los partidos políticos están cumpliendo con las cuotas para los procesos electorales, porque eso realmente favorece en todo momento la transparencia y la rendición de cuentas, planteó Román Vergara, al impartir la conferencia Protección de Datos vs Acceso a la Información: Acciones Afirmativas.
Expuso que, entre los grupos estigmatizados, marginados, en estado de vulnerabilidad y de exclusión social se encuentra la comunidad LGBTIQ+, por ello, cabe reflexionar si la identidad de aquellos candidatos o diputados que se postularon al cargo público bajo la figura de acción afirmativa de la diversidad sexual debe ser pública o no.
“Una persona que pertenece a un grupo vulnerable como es la comunidad LGBTIQ+, si se inscribe bajo esta acción afirmativa, debe ser pública la información, se puede pertenecer a esa comunidad y registrarse, pero no hacer uso de ella, entonces, los datos personales sensibles deben ser clasificados, pero no cuando se utiliza y se va a trabajar en razón de un grupo en situación vulnerable”, explicó.
El comisionado Adrián Alcalá Méndez indicó que las acciones afirmativas tienen como finalidad integrar a personas que pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria, de manera que se avance en la materialización real y efectiva del ejercicio de sus derechos fundamentales; de este modo, se concibe como una herramienta correctiva pero también progresiva encaminada, por un lado, a incrementar la equidad en el acceso a los cargos de elección popular y, por el otro, a conducir hacia una mayor participación de ciertos sectores de la sociedad en la toma de decisiones políticas.
“Lo cierto es que estas personas participaron para obtener un cargo, justamente por pertenecer a un grupo vulnerable y, en consecuencia, su postulación se dio como parte del cumplimiento del derecho en virtud de la acción afirmativa generada a su favor, en consecuencia dar a conocer su postulación, permite, por un lado verificar que los partidos políticos cumplieron con esa cuota y, por otra parte, que el INE llevó a cabo la verificación de que las personas candidatas cumplieran con la pertenencia a dicha acción, generando así una efectiva rendición de cuentas”, remarcó.
Alcalá Méndez enfatizó que la transparencia es la única manera en que puede verificarse que los candidatos efectivamente representarán y defenderán los intereses de grupos en situación vulnerable; para ello, resulta indispensable conocerlos, saber su nombre y el hecho de que se registraron en virtud de una acción afirmativa.
Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), planteó que uno de los temas que se ha acentuado en los procesos electorales es la democracia incluyente, la exigencia de que cada vez más y mayores grupos tengan representación política, entre ellos personas migrantes, jóvenes o mujeres indígenas, y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el movimiento de la diversidad sexual.
“En esa búsqueda de garantizar de manera efectiva la democracia incluyente, la cual todos anhelamos, precisamente uno de los temas centrales a los cuales las autoridades electorales nos enfrentamos durante el pasado proceso electoral, pues tiene que ver precisamente con, por un lado, tratar de tutelar este tipo de derechos, pero también, por otro lado, el tema de protección de datos y de acceso a la información, que, insisto, lleva como ruta la tutela efectiva de esta democracia incluyente”, enfatizó.
La conferencia fue organizada por el IEM, en colaboración con el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP).
También participaron Areli Yamilet Navarrete Naranjo, comisionada Presidenta del IMAIP; Diego Anita Gutiérrez, comisionado del órgano garante de Michoacán, y Carol Berenice Arellano Rangel y Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, consejeras electorales.
Estuvieron presentes el comisionado del órgano garante de Michoacán, Abraham Montes Marañón; los consejeros electorales: Luis Ignacio Peña Godínez, Araceli Gutiérrez Cortés, Viridiana Villaseñor Aguirre y Juan Adolfo Montiel Hernández; las magistradas del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Alma Rosa Baena Villalobos, Yurisha Andrade Morales y Yolanda Camacho Ochoa; la secretaria técnica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Dánae Avilés Valencia, y la presidenta del Comité de Transparencia del Congreso del Estado, Alejandra Hernández Morales, así como representantes de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM).
INAI
