Un legendario programa de la televisión mexicana llamado “DeporTV”, conducido por José Ramón Fernández y otro gran número de conductores destacados, entre ellos David Faitelson, contaba con una afamada sección llamada “Estamos hartos de…” a cargo del polémico David Faitelson y con el objetivo de realizar cualquier tipo de crítica a equipos del futbol mexicano; entrenadores; jugadores, entre otros.
Sin embargo, en esta ocasión, la expresión de “Estamos hartos de…” cambia de rubro y de intérprete, pues ahora es el gremio de investigadores, académicos, profesionistas y de las propias instituciones públicas a nivel nacional y estatal, encargadas de garantizar el acceso a la información y combatir la corrupción en México, quienes están hartos de las falsas amenazas disfrazadas de promesas, por parte del presidente de la República, de desaparecer a los organismos rectores de la transparencia y del combate a la corrupción.
Desde el año pasado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, amenazó con desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), bajo un argumento poco veraz e imposible de aplicar a todas las solicitudes de información, pues el mandatario refirió que con la desaparición del INA, las solicitudes de información serian contestadas en un término no mayor a las 72 horas, es decir, en cuatro días hábiles.
La idea de la atención a las solicitudes de información que supuestamente proponía el presidente de la República, no es del todo mala, considerando que actualmente la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone en su artículo 132, que las respuestas a las solicitudes de información deberán ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, el cual no podrá exceder de 20 días, contados a partir del día siguiente a la presentación de dicha solicitud de información.
Ahora bien, supongamos que verdaderamente el INAI desaparece del mapa geográfico de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –como organismo constitucional autónomo- y por alguna extraña razón no justificable, no se da respuesta a la solicitud de información en el término de las 72 horas, la pregunta sería, ¿Ante que instancia acudiría el solicitante de la información para inconformarse por la falta de cumplimiento al término señalado para tal efecto?
Entre las propuestas que manejaba el presidente de la República, se dejaba entrever a la Secretaría de la Función Pública como una de las candidatas a absorber las funciones del INAI, entre ellas –tal vez- el resolver esas inconformidades por la falta de respuesta a las solicitudes acceso a la información en el término de 72 horas, empero, faltarían algunos otros temas por concretar, por ejemplo, datos personales, gobierno abierto, Sistema Nacional de Transparencia y no menos importante que los anteriores, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales hasta ahora presentadas por el INAI.
Claro que proponer una reforma para desaparecer al INAI, implica mover el aparato legislativo, administrativo y presupuestal, sin dejar de mencionar, los efectos que pudiese provocar en las 32 entidades federativas que también cuentan con su organismo garante del acceso a la información y de la protección de datos personales, algunos de ellos, recientemente renovados en sus presidencias.
En este sentido, desaparecer al INAI no será una tarea fácil para el presidente de la República, menos cuando se trata de un organismo garante con características iguales al descrito por los artículos 55 y 56 de la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del cual México es Estado Miembro, salvo que el presidente tenga un as bajo la manga y su intención también sea que México deje de ser parte de la OEA, ¿lo logrará?
Pero ahí no termina todo, resulta que recientemente el presidente de la República sorprendió con una propuesta y/o amenaza más, pues ahora pretende desaparecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (Sesna), sí, esa que se encarga de fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, según lo dispuesto por la fracción III del artículo 113 constitucional.
La justificación del presidente para ahora pretender desaparecer a la Sesna obedece no a un capricho, sino a una causa justificada (sic), pues pretende ahorrar (sic) el presupuesto que le es destinado a la Sesna para invertirlo según él, en programas sociales, puede que sea buena la idea de apostarle a los programas sociales, pero ¿ya no se va a combatir la corrupción en México?
Probablemente, ambas iniciativas o buenas intenciones del presidente de desaparecer al INAI y a la Sesna, sean una estadística más de las iniciativas que quedarán en los archivos del Congreso de la Unión, pues no hay que dejar pasar la oportunidad de mencionar que ambos entes públicos –el primero autónomo y la otra descentralizada- recibieron montos de $46,744.618 y $123,197,179 respectivamente, encaminados a cumplir con cada uno de los ejes de la Política Nacional Anticorrupción, según consta en el Anexo Transversal Anticorrupción del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022.
Entonces, la fórmula es muy sencilla, sin el INAI y la Sesna, no habrá quien garantice verdaderamente el acceso a la información y la protección de los datos personales y tampoco quien impulse el adecuado combate a la corrupción en México, a menos que la Secretaría de la Función Pública se aviente estos dos grandes trompos a la uña, o bien, surja una nueva dependencia federal con el nombre de “Secretaría que busca garantizar el acceso a la información a los ciudadanos y del fomento a prevenir actos de corrupción”.
Sin duda, lo que resta del sexenio será un dilema para el presidente de la República la desaparición del INAI y la Sesna, pero como diría el buen David Faitelson: Estamos hartos de… de ver y escuchar estas falsas promesas de desaparecer a estos organismos, o se cumple o se incumple, pero si se cumple, las ganas de los ciudadanos (investigadores, académicos, profesionistas y sociedad civil en general) de preguntar sobre el quehacer gubernamental nunca terminarán y mucho menos las ganas de repudiar y combatir la combatir la corrupción en el país.
