- Preocupa uso de padrón de programas sociales para obligar a la gente a votar en RM
La exsenadora perredista Angélica de la Peña Gómez señaló que la revocación de mandato tiene un problema de origen, desde el momento en que quien lo pide sea el mismo presidente del país, lo que hace que no se lleve a cabo conforme marca la Carta Magna y lo convierte en algo fuera de toda lógica.
Afirmó que en primer lugar la solicitud para revocar al presidente de México debe venir de la gente, por lo que ese vicio de origen lleva a una situación muy complicada a fin de que, cualquiera que sea el resultado del 10 de abril, sea tomado en cuenta; además está la “no graciosa” participación del gobierno haciendo campaña y la propaganda que lleva a cabo un partido a favor de esta figura de participación ciudadana a manera de ratificación, con lo que solo pretendería engañar a la ciudadanía.
La perredista destacó que la revocación de mandato fue una de las banderas del Partido de la Revolución Democrática desde hace muchos años, pero ahora está demeritada.
“No creemos que haya condiciones de participación libre, nos preocupa mucho esta movilización de los servidores de la nación para que el padrón electoral de beneficiarios que tiene el gobierno federal, sea utilizado para que vana a votar y legitimar al presidente, cuando no se trata de eso”, subrayó De la Peña.
Dijo preocuparle también la manera a la que fue convocado este ejercicio que se pretendía fuera democrático y constitucional, por lo que ahora el PRD pugna porque el presidente cumpla su sexenio y al final de este rinda cuentas como cualquier funcionario, y en este sentido coinciden el resto de los partidos políticos que conforman la alianza.
Expuso que otra preocupación es la presión que existe contra el Instituto Nacional Electoral, al obligarlo a realizar el proceso revocatorio sin recursos etiquetados por parte de la federación; recursos, muchos o pocos, que deberían ser utilizados para atender otros temas urgentes del país, como el abasto de medicamentos para que continúen los tratamientos de la niñez con cáncer y todos los enfermos del sector público.
