El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, fue detenido este martes en la ciudad de General Terán bajo sospecha de malversación de recursos públicos. El “Bronco”, también candidato independiente a la presidencia de México, fue puesto a disposición de un juez de control, luego de que su sucesor, el actual gobernador Samuel García, lo denunciara por malversación de fondos mientras recolectaba firmas para verificar su candidatura en 2018.
Ese mismo año, García presentó una denuncia en la que detalla que más de 500 funcionarios estatales en Nuevo León utilizaron recursos estatales para recolectar las firmas necesarias para postularse.
Pero… ¿Cuál es el delito por el que se le acusa? ¿Por qué lo detuvieron mediante orden de aprehensión? las respuestas a estas interrogantes aun son confusas, pero se puede presumir lo siguiente:
Resulta probable, tal y como se ha manejado en distintos medios de comunicación, que de acreditarse que el “Bronco” al haber utilizado recurso público, en su variante de recurso humano, para la recabación de firmas exigidas para la obtención de su candidatura como presidente de la república en el proceso electoral presidencial anterior, estaría transgrediendo la norma electoral. Esto es así, ya que desde luego podría tipificarse lo establecido en el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que establece una prohibición para el uso indebido de recursos públicos con fines electorales.
Luego, la causa de haberse girado orden de aprehensión, lo es precisamente que el ministerio público debió de haber justificado la misma en la posibilidad fundada de que el ex gobernador se sustrajera de la justicia, esto por distintas causas; por el nivel económico que le permita viajar a otro país, por no poder ser notificado para audiencia inicial, por no acreditarse su arraigo en la entidad, entre otras.
Dicho lo anterior lo que prosigue es que un juez de control determine su situación legal, donde está por verse si los elementos con los que cuenta la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León, son considerados suficientes y sobre todo, si es esa Fiscalía Especializada Local quien tiene la competencia para investigar y perseguir hechos referentes a una candidatura presidencial, si es que es en verdad el delito por el que se le acusa.
Asunto a la que deben estar atentos, no solo los demás colaboradores del ex gobernador que pudieran ser involucrados en el proceso, sino también, todos aquellos que delinquieron en los procesos electorales anteriores y que lo siguen haciendo. Se vienen tiempos complicados en la materia penal electoral.
