- De aprobarse, cada mes el congreso deberá publicar detalles sobre la contratación de proveedores, recepción de bienes y servicios
- Administración actual ha dificultado la investigación de la “caja negra”, aseguró la diputada Gómez Calzada
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el año pasado, dio a conocer una investigación hecha por las periodistas Mónica Cerbón y Jennifer González donde señalaban cómo la LXIV Legislatura desvió más de 140 millones de pesos a través de una red de empresas fantasma entre el 2018 y el 2019.
Resultado de la investigación se presentaron dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción así como en la Fiscalía General de la República, de las cuales aún se desconoce cuál ha sido su avance. Por su parte, los integrantes de la LXIV legislatura negaron haber hecho esos pagos, sin embargo, no entregaron pruebas de ello.
Ayer, durante la sesión ordinaria del Congreso, la diputada Ana Laura Gómez Calzada hizo una recapitulación de lo detallado por la investigación y lamentó que los integrantes de la LXIV legislatura terminaran su periodo sin dar explicación alguna.
Sobre el avance de las investigaciones por el caso de la llamada “caja negra”, señaló que “la administración actual ha dificultado la cooperación con las autoridades para su investigación” y que tiene conocimiento de ello tras fungir como presidente de la mesa directiva en el periodo de receso.
Puntualizó que los legisladores incurrieron en una falta de honradez, ocultaron y engañaron a quienes los eligieron para servir, no para servirse.
La legisladora afirmó que este congreso también destinó 149 millones de pesos que no han sido transparentados, cerca del 70% de su presupuesto anual. Reiteró además que los integrantes de la LXV Legislatura deben transparentar el ejercicio de sus recursos para que se eliminen las prácticas anteriores.
La diputada, además, señaló que es urgente que el Congreso cuente con mejores mecanismos para vigilar cómo se administran los recursos económicos, mecanismos que permitan mayor transparencia en las compras para fortalecer el combate a la corrupción.
Por ello propuso una reforma al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo con el que se obligaría al Congreso a que publique durante los primeros 10 días hábiles de cada mes todas y cada una de las etapas de contratación de proveedores, recepción de bienes y servicios, así como erogaciones de recursos económicos que supervisa el comité.
Por último, enfatizó que aquellos diputados que se opongan a esta propuesta se estarían oponiendo a la transparencia y a rendirle cuentas a la sociedad.
