Gloria Leticia Díaz
La ejecución extrajudicial cometida por un agente de la Guardia Nacional en agravio de un estudiante en Guanajuato es un ejemplo de más casos que explican “por qué hay que oponerse a la propuesta de reformar de nuevo la Constitución para entregar enteramente” la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sostuvo el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
La organización, que ha representado a víctimas de las Fuerzas Armadas durante distintos momentos, desde la llamada “guerra sucia” de los años setenta a la “guerra contra el narcotráfico” impulsada desde 2006 en el país, fijó su posicionamiento en sus redes sociales tras la agresión a Ángel Yael Ignacio Rngel, de 19 años, estudiante de la Universidad de Guanajuato, quien fue acribillado la tarde del miércoles 27 en la comunidad El Copal, en Irapuato, cerca de la sede de la escuela de Agronomía, evento en el que otra alumna resultó herida.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, el Centro Prodh se sumó a la exigencia de que los hechos sean investigados por autoridades civiles, “no quedar en la impunidad y las familias de las víctimas debe recibir un trato digno”.
Ante el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para que la Guardia Nacional se integre a la Sedena, la organización resaltó que de acuerdo a solicitudes de acceso a la información, de mayo de 2019 a marzo de 2021 “se registraron al menos 161 eventos de uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional, donde fallecieron 94 personas”.
Agregó que la corporación militarizada ha incumplido con la Ley de Uso de la Fuerza, “ya que no transparenta los reportes pormenorizados en casos de fuerza letal” que ordena esta legislación, lo que impide a agentes externos “evaluar si este uso de la fuerza es legal”.
La organización agregó que la institución carece de controles internos adecuados, toda vez que “la Unidad de Asuntos Internos está en manos de ex integrantes de cuerpos castrenses con preocupantes antecedentes de violaciones a derechos humanos”.
El Centro Prodh lamentó que, ante la militarización, “los controles externos se autoiinhiben”, como ocurre con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que “ni siquiera se ha pronunciado por esta ejecución y en otras similares lo ha hecho de forma tardía y complaciente”.
La organización insistió que persiste “el desdibujamiento del carácter civil de la Guardia Nacional propicia que los riesgos sobre los derechos humanos se incrementen”, tal como el Centro Prodh lo documentó en su informe Poder Militar, en el que recuerda que desde hace 20 años “ha documentado y denunciado la impunidad en los delitos y graves violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, la autonomía relativa de la que ha gozado el sector castrense, la complacencia estatal con su renuencia a rendir cuentas, la permanencia de la lógica contrainsurgente, los pasos hacia la militarización de la seguridad pública y la erosión de la subordinación castrense a las instancias civiles”.
