La pandemia por covid-19 ha provocado graves daños a la salud, la economía y, en general, al bienestar de la sociedad en Aguascalientes. Los gobiernos, en todos los niveles, debieron actuar de manera rápida, coordinada y eficiente en la medida de lo posible para responder a un reto para el que nadie estaba preparado. Lo que sabemos, hasta ahora, es que las acciones difícilmente se ajustaron al ideal, aunque hay diferencia en esfuerzos (y efectividad), puesto que algunas acciones ayudaron a contener el impacto. Y es que el problema se centró en dos hechos sustanciales: por un lado, en las distintas capacidades a nivel local para emprender programas de apoyo a las familias; por otro, la falta de liderazgo desde el Gobierno Federal para coordinar acciones no politizadas, que ayudaran a mitigar los contagios, dotar de capacidad hospitalaria y facilitar el flujo de recursos para que los gobiernos municipales y estatales (los más cercanos a donde se manifestaban necesidades urgentes y reales) pudieran impulsar programas de apoyo para los hogares más afectados y para las empresas locales.
Considero que es muy importante que no se deje de reflexionar sobre los aspectos que limitaron la capacidad de reacción de los gobiernos estatales y municipales, a fin de impulsar cambios que nos permitan enfrentar con mejores herramientas las contingencias futuras. Por ello, el año pasado presenté una iniciativa para que desde la Constitución local se reconozca el derecho de la población aguascalentense a ser protegida ante desastres naturales y emergencias sanitarias. El dictamen de esta iniciativa, vale anticipar, se votará en el pleno en próximas fechas.
Los desastres naturales y las emergencias sanitarias son fenómenos que afectan el desarrollo de cualquier sociedad, ya que su impacto se refleja en todos los ámbitos, de ahí la imperante necesidad de diseñar e implementar políticas públicas que ayuden a mitigar y, en la medida de lo posible, evitar los efectos negativos. Estas políticas son fundamentales para que los gobiernos intervengan de manera efectiva antes, durante y después de los desastres.
Datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) revelan que entre el 2000 y 2018 el costo económico de los desastres naturales en México fue en promedio de 2,357 millones de dólares y de 190 muertes anuales; las mayores afectaciones tuvieron lugar en las localidades más vulnerables y de alta marginación. Ante ello, la única manera de amainar el impacto de los desastres y emergencias sanitarias es a través de la prevención y la mitigación, concebidos como cualquier acción del gobierno y de la sociedad para evitar que suceda algún desastre y, en caso de que ocurra, lograr un impacto menor al esperado. Lo anterior se explica porque estamos hablando de fenómenos naturales que no siempre se pueden impedir con la tecnología disponible, como lo ha demostrado la reciente pandemia por covid-19.
En virtud de la urgencia que supone incrementar las capacidades locales para lidiar con este tipo de fenómenos en el estado, la iniciativa que propuse busca modificar los artículos 4°, y 46 en su fracción XII, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, con el fin de establecer que todo ciudadano tiene derecho a ser protegido ante algún desastre natural o emergencia sanitaria. Este reconocimiento permitirá sustentar una legislación secundaria que ayude a la creación y operación de programas de prevención, de respuesta inmediata y de recuperación que generen beneficios en todos los niveles y ámbitos de la sociedad. Esta es la parte en la que nos enfocaremos en los próximos meses, con el objetivo de dotar de certidumbre legal al estado y sus municipios, a fin de garantizar que ante una situación similar como a la que se observó en marzo del 2020, sea posible movilizar recursos suficientes y emprender rápidamente programas para prevenir, mitigar y atender los daños relacionados con este tipo de fenómenos.
Además, con esta reforma se otorgarán facultades al Gobernador Constitucional del Estado y a los Alcaldes, para que cuiden la integridad de los ciudadanos, así como para mitigar las posibles pérdidas materiales y las consecuencias económicas negativas asociadas a los desastres naturales que ocurran en el estado de Aguascalientes. Esta reforma es el inicio de una construcción de un entramado jurídico dirigido a recuperar las experiencias recientes, anticipar medidas para evitar un efecto desmedido de los desastres y, en general, preparar condiciones para que las personas que residen en el estado gocen de una red de protección estatal ante cualquier desastre natural. Es una reforma que refleja una reflexión sobre todo lo que perdimos (incluyendo las miles de vidas y de empleos que se perdieron por las malas decisiones y las políticas deficientes), pero sobre todo, es una manera de prepararnos con todo lo que aprendimos.
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