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viernes, febrero 6, 2026

Denuncia contra consejero presidente del IEE por Violencia Política en Razón de Género sigue su curso

Claudia Rodríguez Loera
Claudia Rodríguez Loera
Reportera en La Jornada Aguascalientes.

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  • La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Aguascalientes desarrolla la investigación 
  • La violencia política en razón de género no es una moda, basta ver las estadísticas de la violencia de género en el país

La denuncia contra el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes por violencia política en razón de género (VPRG) siguen su curso, aseveró Daniel Omar Gutiérrez Ruvalcaba, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Aguascalientes (FEDE).

La consideró interesante debido a que primero se presenta la denuncia en la materia administrativa, va a la Sala Regional Especializada en donde se revoca la resolución por la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que indica que no es competente para resolver el asunto, sin embargo las investigaciones sobre violencia política en razón de género (VPRG) siguen su curso.

“En este caso nosotros tenemos una denuncia en la Fiscalía y continuamos investigando la carpeta y agotando las líneas de investigación; aún está indeterminada y sigue la investigación”, señaló el funcionario.

Destacó que la mayoría de los asuntos que llega a la FEDE son relacionados a VPRG e históricamente la compra del voto.

Descartó que hablar y denunciar VPRG sea una moda, pues basta con identificar que la violencia de género va en crecimiento, que ha afectado principalmente a las mujeres en esta entidad y en el país históricamente.

“Actualmente somos el estado con más denuncias de VPRG, para nada es un tema de moda, es un tema preocupante que se tiene que resolver”, manifestó al recordar que en la materia electoral administrativa se cuenta con un amplio catálogo de sujeto sancionados por este tipo de denuncias.

Destacó que a partir del 2020, la VPRG también se encuentra tipificada penalmente, y si bien aún no existe sentencia en este sentido, es necesario considerar que la pena va de 4 a 6 años de prisión, y si se comete por un servidor público o un funcionario electoral la única salida es una sentencia condenatoria.

 

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