- Le hace falta mejorar su marco jurídico y tener más independencia presupuestal
- Hasta diciembre del 2021, de casi 200 carpetas de investigación, apenas se habían logrado dos sentencias condenatorias
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Aguascalientes todavía tiene deficiencias presupuestales y en su marco jurídico, según el informe Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la organización liderada por abogadas contra la impunidad TOJIL.
De acuerdo con este trabajo, desde el 2015 “los mexicanos consideran la corrupción como el segundo principal problema en su entidad federativa, solo por debajo de la inseguridad y delincuencia”, escenario al que se le suma otro factor importante: la impunidad.
El problema que las dos organizaciones detectaron con respecto a este factor se engloba en tres aspectos: 1) limitado uso de la herramienta penal en el combate a la corrupción, 2) poca efectividad en la investigación de casos de corrupción y 3) baja judicialización y enjuiciamiento de los casos de gran corrupción.
Con la finalidad de proponer ideas para mejorar la figura de las fiscalías anticorrupción de todo el país, el IMCO y TOJIl analizaron las condiciones, los recursos y los resultados de las mismas, y es donde se consignaron las deficiencias de la de Aguascalientes, apenas abierta este sexenio.
Se señaló que estos organismos “carecen de un diseño institucional adecuado, así como de capacidades, recursos y capital humano suficiente para su operación”. El diagnóstico realizado incluyó analizar sus marcos jurídicos, sus recursos, su capital humano, sus procesos y los resultados que dan.
Aguascalientes, marco jurídico deficiente y recursos insuficientes
En lo particular, Aguascalientes obtuvo un puntaje deficiente en lo que respecta al marco jurídico, donde se analizaron variables como fundamentos legales, autonomía, catálogo de delitos de corrupción, ley orgánica, reglamento interior, manual de procedimientos, organigrama, protocolo de investigación, preparación de audiencias, acuerdos, entre otros.
Entre los problemas más generalizados de este apartado, se consignó que 10 de los nombramientos de los fiscales anticorrupción dependen directamente del fiscal general.
En el caso específico de Aguascalientes el estudio Fiscalías Anticorrupción, un ejercicio de transparencia y acceso a la información sobre su autonomía y resultados, elaborado por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, ya había advertido que en la entidad había que mejorar el proceso de selección de fiscal anticorrupción, lo que se podría hacer incorporando diversos actores, incluso de la sociedad civil, “para evitar el conflicto de interés, las consideraciones políticas o partidistas, y generar confianza, así como para garantizar la independencia y autonomía política de los fiscales, lo cual juega un rol clave en la confianza institucional y en la credibilidad de sus funciones y resultados”.
El segundo apartado donde el IMCO y TOJIL clasificaron como deficiente al organismo de Aguascalientes fue el de recursos, donde en lo general en México se detectó que uno de los problemas más comunes es que la mayoría de las fiscalías anticorrupción “no tienen independencia presupuestal ya que su asignación y ejercicio depende de la Fiscalía estatal”, como sucede en esta entidad.
Para finales del 2021, de las 198 carpetas de investigación que había en la Fiscalía Anticorrupción de Aguascalientes, solamente en dos se habían obtenido sentencias condenatorias, lo que en aquel entonces otras fiscalías incluso ni siquiera habían logrado.
