Desde la Corte Suprema de los Estados Unidos se ha filtrado un documento escrito por el republicano Samuel Alito, en el cual plantea derogar la sentencia Roe v. Wade, emitida en 1973. Esta resolución permite que el aborto sea legal en todo el país norteamericano, ya sea de forma quirúrgica o mediante medicamentos.
En caso de ser aprobada esta propuesta, dependerá de cada entidad federativa modificar su marco legal. Se prevé que la mitad de ellas autoricen el aborto, mientras que en otras se criminalizaría nuevamente a aquellas personas que quieran tomar en sus manos sus derechos reproductivos.
Si bien aún este tema no es discutido en la Corte Suprema y no hay determinación al respecto, la filtración de este documento ha provocado diversas reacciones a nivel local e internacional. En los Estados Unidos se han movilizado miles de personas en distintas ciudades, exigiendo mantener la sentencia que garantiza el derecho a la libertad y la salud de la población.
Cada país y territorio cuenta con la soberanía para determinar el marco legal en cuanto a este tema, sin embargo un cambio en los Estados Unidos podría fortalecer la actividad de grupos anti aborto. En América Latina aún existen varias limitaciones que criminalizan y ponen en riesgo la vida de las personas gestantes, las cuales podrían endurecerse.
Ha tomado mucho tiempo y esfuerzo lograr que poco a poco las leyes protejan la seguridad, salud y libre determinación de la población latinoamericana que decida por una razón u otra interrumpir su proceso reproductivo.
En Argentina, la llamada marea verde logró que el Congreso legalizara el aborto hasta la semana 14 del embarazo, marcando un logro que tomó años de lucha. En Colombia se determinó la libertad para interrumpir legalmente la gestación hasta la semana 24. Otros territorios como Brasil y Chile han permitido este ejercicio bajo ciertas condiciones, las cuales siguen siendo motivo de protesta.
Pasando al caso mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo en 2021 que declara inconstitucional la criminalización absoluta del aborto. La sentencia invalidó una ley de Coahuila, que imponía una pena de 1 a 3 años de cárcel para las personas que decidieran abortar.
Aunque este es un precedente importante, queda en manos de cada estado la decisión de legalizar el aborto y las reglamentaciones correspondientes. Varias entidades ya han modificado sus marcos normativos, mientras quedan otras que mantienen restricciones al derecho de las personas gestantes a decidir sobre su cuerpo.
Todavía no hay una decisión de la Corte Suprema en cuanto al aborto, sin embargo queda claro que las ganancias en cuanto a libertades reproductivas no pueden darse por sentadas. Es necesario provocar cambios culturales en cada lugar para que las personas con capacidad de gestar puedan contar con la libertad de decidir sobre sus propios cuerpos.
