- Jesús Esquivel
La desconfianza y la falta de colaboración en la lucha contra el crimen organizado son síntomas de la realidad del trasiego de drogas que prevalece en el país. El gobierno de Joe Biden se queja de las restricciones impuestas por el gobierno de López Obrador a los elementos de la DEA, quienes, resentidos, ya no comparten información con sus contrapartes mexicanas. “Aún no sabemos cuál fue la causa del cambio”, lamenta un alto funcionario del Departamento de Justicia estadunidense
La cooperación entre Estados Unidos y México en el combate al crimen organizado y el narcotráfico padece un gran problema que impide la reducción de los niveles de violencia y la recuperación de territorios mexicanos en poder de los narcos: la desconfianza.
“Se perdió la confianza en el intercambio de información de inteligencia y con las restricciones a nuestras agencias federales que operan en México la situación empeoró, hay poca colaboración”, denuncia un alto funcionario del Departamento de Justicia estadunidense.
La queja del gobierno de Joe Biden se concentra en dos vertientes: la nueva ley de seguridad para las agencias extranjeras que operan en territorio mexicano impuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y las restricciones impuestas a los agentes de la DEA.
“Nuestros (54) agentes de la DEA que trabajan en México tienen atadas las manos. Las nuevas leyes mexicanas no les permiten investigar ni operar con base en la información de inteligencia que tenemos”, restriega el funcionario estadunidense en entrevista telefónica con Proceso.
Cauteloso por una reacción contraproducente de parte del gobierno de López Obrador a las quejas que denuncia a este semanario, el funcionario del Departamento de Justicia pide que se le mantenga en el anonimato y a esta categoría de fuente condiciona sus comentarios.
La desconfianza y la falta de colaboración en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico son síntomas de la realidad de inseguridad y de trasiego de drogas que priva en México y que coloca en el color rojo al semáforo de gobernabilidad en algunos estados de la república.
En Estados Unidos, la falta de colaboración y carencia de confianza se traduce en la imparable demanda, consumo y venta de todo tipo de enervantes que –especialmente los sintéticos elaborados con fentanilo y otros precursores químicos– contribuyen al hecho de que cada 24 horas mueren 274 personas por sobredosis, según estadísticas recopiladas y desveladas recientemente por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
Incapaces de reconocer abusos, errores y violaciones que por años los agentes de la DEA cometieron sobre las leyes y soberanía mexicana, camuflajeados en su mantra de la guerra contra las drogas, las autoridades estadunidenses dicen desconocer la causa de la desconfianza.
“La cooperación fluía como lo hizo por años hasta que empezaron los cambios a las leyes y acotamiento a los operativos de nuestros agentes de la DEA. Aún no entendemos por qué o cuál fue la causa del cambio en el gobierno de México”, explica el funcionario estadunidense.
Proceso buscó insistentemente la respuesta o posición del gobierno de México ante la queja de los estadunidenses. Sin embargo, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, evitó responder a la petición.
El Caso Cienfuegos
Como ya ha dado cuenta Proceso en números anteriores, el cambio en el trato a los agentes de la DEA –que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto operaron con puertas abiertas– ocurrió por el arresto en Los Ángeles, California, del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, en octubre de 2020.
