- Pudo haber incurrido en violencia política en razón de género contra excandidata
- El inculpado puede alcanzar más de 7 años de prisión
A través de resolución de un Recurso de Apelación, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Sergio Augusto L. ex dirigente y ex diputado local por el Partido Verde Ecologista de México en Aguascalientes, luego de que probablemente incurriera en la conducta típica consistente en violencia política en razón de género contra una mujer, entonces candidata de ese instituto político.
En octubre del 2021 el pleno de la magistratura del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes resolvió que el exdiputado cometió actos de violencia política hacia la mujer en razón de género en contra de la excandidata a presidenta municipal de Aguascalientes, esto en cumplimiento a una resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y le impuso una sanción económica de 4,481.00, así como la reparación del daño previsto en la sentencia.
En el proyecto, acorde con lo instruido por la Sala Regional Monterrey, se propone que, en lo tocante a las frases denunciadas, que estas sí tenían como fin menoscabar el derecho político-electoral a ser votada de la denunciante, en virtud de la afectación que estas frases pudieron tener durante el proceso electoral actual, puesto que el denunciado hace señalamientos que demeritan indudablemente las capacidades intelectuales y demás fortalezas políticas de la víctima, siendo contrario a la lucha incesante de la mujer de ser vista, valorada y empoderarse en asuntos políticos.
La excandidata denunció la existencia de diversos actos que, a su juicio, configuran este tipo de violencia, atribuyéndole responsabilidad de los mismos a López Ramírez, pues señala que en diversas ocasiones se refirió a ella con palabras obscenas y denigrantes, aunado a la falta de apoyo económico que se le otorgaba para el desarrollo de su campaña electoral y la negativa de ser nombrada dirigente estatal del PVEM.
La conducta prevista y sancionada por la Ley General en Materia de Delitos Electorales señala que el inculpado puede alcanzar más de 7 años de prisión.
