La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) a través de su representación en México presentó el informe titulado “Hasta perder el sentido. Informe sobre la práctica de actos de tortura y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014”.
Este documento relata la práctica sistémica de actos de tortura llevados a cabo por las autoridades de Aguascalientes a inicios de la década pasada. El informe relata que 40 personas — 33 hombre y 7 mujeres — fueron sometidas a este tipo de violaciones y malos tratos por funcionarios de la Procuraduría estatal durante la administración de Carlos Lozano de la Torre.
En ese momento, el encargado de esta instancia judicial era Felipe Muñoz. Además, Oscar González Mendívil se desempeñaba como Director Estatal del Instituto de Seguridad Pública en esta entidad, guardando una relación cercana con el entonces procurador.
Es necesario mencionar que las prácticas de tortura fueron incentivadas por una política de cero tolerancia. Como parte de una estrategia de combate a la delincuencia, se le extendió un cheque en blanco a la Procuraduría para cometer violaciones a los derechos humanos, como la tortura.
Otros factores clave que permitieron estos actos fueron la falta de rendición de cuentas y mínima transparencia en las instituciones judiciales de Aguascalientes. Estos problemas persisten hasta hoy en día, no solo en esta entidad sino en todo el país.
Guillermo Fernández-Maldonado, representante en nuestro país de la ONU-DH, aseguró que a pesar del tiempo transcurrido desde que estas prácticas se llevaron a cabo aún los responsables no han rendido cuentas ante la justicia. Por su parte, las víctimas no han recibido una reparación del daño integral y proporcional a su sufrimiento.
Además, también afirmó que la impunidad persiste hasta la actualidad, pues estos casos siguen sin ser investigados y atendidos debidamente. Añade que en esta entidad no hubo procuración de justicia, pues se facilitó que los funcionarios cometieran actos de tortura sistemáticamente.
Otro punto a destacar es que las mujeres que sufrieron esta clase de violencia también fueron víctimas de tortura sexual. Para atender este caso es absolutamente necesario que se actúe con perspectiva de género, con el objetivo de entender el daño causado a las víctimas y llegar a una resolución justa.
“A la fecha de publicación de este Informe, ninguna persona ha sido procesada o sancionada por los actos de tortura. En contraste, la mayoría de las personas cuyos casos se incluyen en el Informe están privadas de la libertad y tienen sentencias, algunas con recursos pendientes de ser resueltos“, se resalta en la presentación del informe.
Es importante señalar que en 2019 un alto funcionario de Aguascalientes intentó socavar la investigación con un juicio de amparo, además de buscar que las instancias de Derechos Humanos cesaran sus indagaciones. Un juez revocó este recurso, contribuyendo a la realización de este informe.
Para finalizar, el representante de la Alta Comisionada señaló que en el documento se incluyen recomendaciones para los distintos niveles de autoridad en el estado. Afirmó que incluso ahora, no hay imparcialidad ni independencia en la Fiscalía de Aguascalientes para garantizar la justicia a las víctimas.
