Me sorprendió en demasía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación incursionara en la producción de una serie, Caníbal, indignación total. Los spots de radio que escuchamos en todo el país, hablan de una concientización de los feminicidios a través del retrato de este asesino serial que ha causado indignación. En la propia página de la SCJN podemos ver que se trata de “Un proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Camila Producciones en asociación con: Plétora productions. Productor ejecutivo: Javier Tejado Dondé. Dirección: Grau Serra Guión: Ana Mata Fotografía: Luis Posada”.
El objetivo es más que válido: concientizar el feminicidio en México. Dejemos de lado eso, todos de acuerdo. Pero ahora, debemos concentrarnos en el cómo y cuestionarlo, pues el fin no justifica los medios. En este sentido, saltan varias preguntas en relación a este documental y el papel de la SCJN en el país: ¿Tiene competencia para hacerlo? ¿Es una prioridad dentro de sus facultades constitucionales? ¿Es válido que destine recursos para hacer una producción mientras tiene un evidente rezago? ¿Es válido hacer un documental sobre una persona que está sujeta al sistema de justicia del cual la SCJN es la más alta autoridad?
¿Tiene competencia para hacerlo? No, definitivamente no a la luz del texto constitucional artículos 103, 104 y 105; como lo veamos ninguno de estos artículos le da facultades para hacerla de productor, su objetivo medular, fundamental y trascendental es resolver procedimientos jurisdiccionales enfocados a cuestiones de carácter constitucional, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Insistimos, el problema no es el documental, ese es fundamental y necesario, pero en todo caso sería competencia de otra instancia gubernamental.
¿Es una prioridad dentro de sus facultades constitucionales? En 1994, muchos años después de que Kelsen y Schmitt se plantearan quién debe ser el guardián de la Carta Magna, en México por fin se creó un tribunal constitucional enfocado a plantear la contradicción de leyes con el texto fundamental (acciones de inconstitucionalidad) así como los conflictos competenciales de los organismos gubernamentales (controversias constitucionales). Además, se le dejó la posibilidad de revisar en ciertos casos amparos, con la finalidad de que sus resoluciones sentarán los criterios jurisdiccionales en todo el país. Entonces está clara cuál es su prioridad.
¿Es válido que destine recursos para hacer una producción mientras tiene un evidente rezago? El rezago judicial es evidente, basta entrar al índice de controversias constitucionales pendientes de resolver, y veremos que hay desde el 2018; en el caso de las acciones de inconstitucionalidad, desde el 2016 ¡Seis años sin resolución! Increíble ¿Por qué no destinar esos recursos a más secretarios de acuerdos? Sea mucho o poco los recursos (humanos, materiales o económicos) destinados a hacer un documental, cuando la SCJN no está hecha para ello, es un evidente desvío de recursos.
¿Es válido hacer un documental sobre una persona que está sujeta al sistema de justicia del cual la SCJN es la más alta autoridad? Me parece grave que se ponga en juego a todo el sistema de justicia, cuando una persona que está sujeta a un proceso judicial donde la Corte de una u otra forma pudiera llegar a ser juez, sea el objeto de un documental que produce ella misma creando un evidente conflicto de interés, desconozco el estatus del proceso del Caníbal de Atizapán, pero según una nota de prensa, hubo sentencia definitiva apenas el 22 de marzo del presente año. Si aún faltan amparos ¿Qué harán los magistrados o jueces de distrito cuando la SCJN ya ha condenado al reo? Y es que el documental comienza con una condena absoluta: “Esta es la historia del Caníbal de Atizapán, un asesino serial como ningún otro”.
Me parece que el máximo tribunal quiere entrar a una dinámica de legitimarse ante la ciudadanía mediante acciones mediáticas: boletines, series, tuits, etcétera, olvidando un viejo apotegma del poder judicial que creo debería privilegiarse: los jueces hablan mediante sus sentencias. Un Tribunal Constitucional venido a productor de documentales, eso, para mí, sí es una auténtica indignación total.
