Gloria Leticia Díaz
Ante el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que emitirá un acuerdo presidencial para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez alertó de los riesgos de la militarización de la seguridad nacional, además de que “implicaría eludir el debate legislativo para contravenir la Constitución”.
La organización que ha dado seguimiento a casos graves de violaciones a derechos humanos cometidos por personal castrense cometidos desde la llamada “guerra sucia”, destacó que los abusos militares “no son investigados con exhaustividad y profundamente por las instancias civiles externas”, debido a las “inercias en el uso de la fuerza”.
Por la defensa de víctimas de violaciones a derechos humanos, el Centro Prodh resaltó que a pesar de que a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) les corresponde esclarecer los hechos, suelen ser “complacientes cuando deben investigar abusos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional”.
La organización civil apuntó que, contrario a lo esperado, el despliegue militar a través de la Guardia Nacional “no ha disminuido” los niveles de violencia, que “se ha estancado en niveles altos”, aunado a que prevalece una “ausencia de visión estratégica”, privilegiando la ocupación territorial “en lógica castrense sobre la inteligencia y el fortalecimiento complementario de otros cuerpos policiales”.
En su cuenta de Twitter, el Centro Prodh hizo un recuento de la relación cívico-militar, destacando que “se dotó a las Fuerzas Armadas del marco jurídico que pidieron” desde sexenios anteriores.
Más aún, agregó que en el sexenio del presidente López Obrador hay una “creciente participación de las Fuerzas Armadas en áreas de la vida pública ajenas a su sector”, con lo que se corre el “riesgo de mayor corrupción y de politización del sector castrense”.
