- Fue la cuarta entidad federativa con más dinero ejercido en contratos a empresas que habían sido previamente sancionadas por la Función Pública o por órganos internos de control.
- Las empresas sancionadas se consideran “proveedores de riesgo”.
- Aún así, no se detectaron compras a empresas fantasma -usadas para desviar recursos-, como en Nuevo León y Oaxaca.
En el 2021, el penúltimo año de la administración de Martín Orozco Sandoval, Aguascalientes figuró como una de las entidades federativas que más dinero gastó en contratos para empresas que ya antes habían sido sancionadas por la Secretaría de la Función Pública o por algún órgano de control interno de instituciones gubernamentales locales, según el más reciente estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Empresas incluso definidas como “proveedores riesgosos”.
En la investigación Compras públicas estatales: ¿Dónde quedaron los datos?, el IMCO monitorea las compras y contratos públicos de adquisición estatales que ya fueron subidas a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) relativas al 2021, donde se consignó que realmente todavía no se llega a una verdadera transparencia, pues no solamente la mayoría de las entidades no publicaron sus contratos, sino que la documentación que subían no era accesible y que había errores de captura que no permiten informan a cabalidad.
Además, con dicho estudio se descubrió que durante el 2021 el 55% (34 instituciones) de los entes públicos locales registraron solamente tres mil 817 contratos públicos, entre los cuales algunos fueron celebrados con empresas previamente sancionadas, según consigna el IMCO.
El estudio advierte: “Finalmente, se encuentran las empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública o las instituciones de control interno en los estados. En 2021 los estados que destinaron una mayor cantidad de recursos públicos a empresas sancionadas fueron Michoacán (mil 22 millones de pesos), seguido por Oaxaca (538 millones), Ciudad de México (376 millones) y Aguascalientes (177 millones)”.
En otras palabras, Aguascalientes fue la cuarta entidad con mayor gasto en empresas que ya habían sido sancionadas de todo el país, no obstante, el IMCO también advierte que durante ese año en la entidad no se entregaron contratos a empresas fantasma, “corporaciones” comúnmente usadas para desviar dinero y que han sido sujetos en los escándalos más grandes de corrupción en México, como la Estafa Maestra.
Aún así, las compras a empresas sancionadas sí suponen un riesgo. De hecho, dentro del documento se les cataloga como proveedores de riesgo, al igual que las empresas de reciente creación. Se aclara en el documento de 66 páginas: “El riesgo de las empresas sancionadas radica en que son proveedores con un historial de incumplimiento a las leyes de contrataciones públicas”.
También entre las prácticas en contratos públicos que representaban riesgos el IMCO destacó los contratos a empresas de reciente creación, que se celebraron en Aguascalientes y a quienes les dieron cerca de 30 millones de pesos.
“Las empresas de reciente creación suelen ser compañías con experiencia insuficiente para proveer los bienes y servicios a las instituciones de gobierno, lo cual puede repercutir en la calidad, el precio y el cumplimiento de las fechas de entrega”, señala el documento.
