En México se habla mucho de la independencia y autonomía de las instituciones como palabras mágicas con las cuales ciertas Instituciones pueden proteger derechos y prestar servicios a favor de las personas.
La autonomía es la característica que permite a una Institución ejercer sus facultades con independencia, objetividad, imparcialidad y transparencia a favor de la sociedad que le dio origen. Los órganos constitucionales autónomos como los Institutos Electorales, Universidades Públicas, Fiscalías, Comisiones de Derechos Humanos, etc., son creados sin formar parte de los poderes tradicionales de un Estado para que actúen de forma libre en sus decisiones y estructura, con el sólo límite del Estado de Derecho. La independencia es la característica que permite a una Institución decidir y actuar sin injerencias de otros poderes públicos que pudieran presionarles para actuar de una u otra forma; de ahí que también los demás Poderes y organismos descentralizados hayan sido creados con el fin de no formar parte de otros poderes, y trabajar con verdadera libertad.
¿Por qué dotar de autonomía e independencia a estas Instituciones? muy sencillo, para evitar que las políticas públicas destinadas a la satisfacción de los derechos que tienen a su cargo, estén influenciadas por intereses diversos, y se conviertan en instrumentos de control contra sus ciudadanos. Un Organismo Autónomo, un Poder Público y un Organismo descentralizado, requieren condiciones estructurales que los doten de imparcialidad en la toma de decisiones, autogobierno, manejo de sus finanzas, independencia real y objetividad, para apoyar al pleno ejercicio de los derechos de los seres humanos, pues tales Instituciones se crean para servir a la sociedad en su conjunto, se deben a ellas y son para ellas.
La independencia y autonomía son herramientas para lograr que en la realidad se otorgue al ser humano los mecanismos indispensables para satisfacer sus necesidades, derivadas de su dignidad, y cumplir con su desarrollo integral. La Constitución Federal y local contiene disposiciones de organización o institución, con las que se crean los organismos que tienen la obligación de hacer efectivos los derechos para cubrir esas necesidades; por ejemplo, el Poder Judicial creado para la protección de las personas contra conductas autoritarias del Estado y los particulares; las instituciones Universitarias y educativas para satisfacer esa formación intelectual y humana de sus comunidades; las de Derechos Humanos para vigilar a las autoridades y recomendar sanciones a quienes afecten a las personas; las de defensoría para proteger los derechos de las personas demandadas judicialmente; las de seguridad pública para prevenir conductas lesivas; y así todas aquellas creadas por el Estado para y por su sociedad, con el fin de establecer las condiciones de una comunidad más justa.
Pero ¿en realidad las Instituciones mexicanas tienen independencia y autonomía? Aquí cinco ejemplos de que las propias autoridades no quieren que otras Instituciones tengan esa independencia y menos autonomía:
- Discursos oficiales que los deslegitima, al alegar que tales Instituciones y derechos son obstáculos para reaccionar, son corruptos, y deben reestructurarse sin ninguna justificación real.
- Organismos autónomos e independientes tienen que solicitar su presupuesto a las Secretarías de Finanzas del Poder Ejecutivo, para que éstas a su vez lo revisen, ajusten y hagan la petición al Poder Legislativo.
- Organismos descentralizados con Junta de Gobierno como órgano máximo, presidido por autoridad del Poder Ejecutivo y con integrantes del mismo poder.
- Consejos de la Judicatura integrados con representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo cuando, por el contrario, ningún órgano máximo en esos poderes tiene representación con voz y voto del Poder Judicial.
- Comunicados, solicitudes y declaraciones donde se pretende hacer presión social para que dichos organismos resuelvan de acuerdo al interés de la autoridad que emite el discurso.
La autonomía no es simple tema de redacción constitucional o de palabras bonitas; la Autonomía, tanto de los particulares como de las Instituciones, constituye un factor real de cambio hacia la protección de derechos, que transformará a un simple mecanismo de control y sometimiento social, hacia una herramienta para mejorar la vida de la colectividad en nuestro Estado; pero mientras algunos poderes sigan teniendo injerencia o intervención en actividades o decisiones de esas Instituciones, la independencia y autonomía seguirá siendo un discurso romántico en un Estado Absoluto.
