- Necesaria las adecuaciones sociales cuando se aprueban leyes relacionadas a la violencia de género
- Urgente un análisis integral sobre la violencia de género, desde el estado y en la ciudadanía
Desde el inicio de la LXV legislatura, se ha reformado en cuatro ocasiones la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes; además, se han modificado varias disposiciones en el código penal enfocadas en aumentar las sanciones en materia de violencia de género.
A pesar de estas acciones, no se ha logrado tener una disminución sustancial de este tipo de hechos. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Aguascalientes se han registrado 10 mil 681 llamadas de emergencia al 911 entre enero y julio del 2022; además, Aguascalientes se encuentra entre los diez estados con mayores tasas de presuntos feminicidios.
La titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CEDHA), Yessica Janet Pérez Carreón, opinó que para que para atender la violencia de género se tendría que analizar de manera integral las acciones que se implementan en todo ámbitos, desde el estado hasta en lo social.
Enfatizó que para en toda propuesta legislativa se deben tener estas consideraciones, el analizar cómo actuaría el poder ejecutivo, el judicial y la misma ciudadanía; así como revisar si se podrá cubrir con el presupuesto que se maneje.
Agregó que, aunque en la teoría una ley pueda estar bien elaborada y con alcances bien definidos, en la realidad es difícil que se cumpla al pie de la letra. “Se hacen las adecuaciones legislativas, pero a eso hay que sumarle la adecuación social, de reconocernos como personas”, declaró
Reconoció que se han tenido grandes avances legislativos en materia de protección a las mujeres y para erradicar y sancionar la violencia, sin embargo, se debe promover que estos cambios permean hacia lo social; esto aplica cuando se legisla sobre todos los grupos vulnerados.
