La violencia de los grupos criminales se está extendiendo por todo el país, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas y, este fin de semana, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), realizó diversos actos terroristas en ciudades de Baja California: Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada y Rosarito para demandar que se libere a miembros de ese grupo criminal.
El CJNG circuló a través de las redes sociales varios mensajes en que advirtieron que esas ciudades estarían en toque de queda desde las 10 de la noche del viernes, sábado y domingo, instruyeron a la población a que no salieran a las calles porque iban a realizar “un desmadre para que el puto gobierno libere a nuestra gente somos cartel jalisco nueva generación no queremos lastimar a gente buena es mejor que no salvan vamos a levantar a todo aquel que se vea esos días en la calle. Puro cjng”.
Desde hace décadas, el gobierno ha perdido el control de varios puntos del país, la violencia en las calles no son producto de la administración de Andrés Manuel López Obrador, desde hace mucho en Michoacán o Guerrero hay territorios donde no existe gobierno, en este escenario no ha faltado quien apoye al presidente en su capricho de pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Cada vez son más constantes los desafíos del crimen organizado a los gobiernos, con mayor frecuencia aparecen mensajes dirigidos a las autoridades para que se cumpla la voluntad de los criminales, aumenta el número de víctimas inocentes, ya no se trata simplemente de ajustes de cuentas entre cárteles, son declaraciones de guerra contra todos los niveles de gobierno.
La ineficiencia de las policías municipales y estatales, por no hablar de la corrupción, demanda la intervención del Gobierno Federal y para eso está la Guardia Nacional, sin embargo, el aumento en la intensidad de esta guerra del narcotráfico contra los gobiernos no debe ser pretexto para que López Obrador viole la Constitución y pase el mando de la Guardia Nacional a los militares.
Ante el miedo por la inseguridad, no han faltado quienes apoyen el capricho de López Obrador de militarizar la seguridad pública, usando como pretexto el aumento de las afectaciones y muertes entre la sociedad civil, justifican que la seguridad pública se entregue a los militares.
No a la militarización es una demanda que se debe de mantener no sólo porque viole la Constitución sino porque el aumento de la inseguridad y violencia provocada por los cárteles es una muestra de que lo que está equivocado es la estrategia de combate a estos grupos criminales, el simplista abrazos, no balazos, ya demostró que esa no es la vía a seguir, sobre todo cuando hay francas declaraciones de guerra de los cárteles a los gobiernos.
Más allá de los asuntos administrativos y la necedad de mantener a salvo de sus adversarios su proyecto personal, López Obrador está obligado a presentar una estrategia diferente porque estos actos criminales están confrontando a su gobierno directamente, generan actos terroristas excepcionales; la estrategia de abrazos, no balazos funciona para preservar la seguridad pública, y el presidente intenta demostrarlo con los datos de la incidencia delictiva, pero a una declaración de guerra, al chantaje de los cárteles, no se puede, ni se debe responder de la misma manera.
Los actos terroristas de los cárteles no se van a resolver pasando la nómina de la Guardia Nacional a la SEDENA, tampoco se reducirán capacitando a sus elementos, asunto que López Obrador calculó que le llevaría seis meses, tampoco se solucionarán pasando el mando a los militares, por donde se le vea, es una cuestión de estrategia que el gobierno está obligado a presentar, y no escudarse en el miedo para militarizar la seguridad pública.
Coda. A los actos terroristas de los cárteles no se les puede abrazar, son declaraciones de guerra, el Estado está obligado a responder ante los chantajes del narcotráfico.
@aldan
