Están muertos y fue un crimen de Estado, ocho años después, a esa conclusión llegó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), sobre los 43 normalistas que desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, lo dijo de una manera más sutil: “No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida, por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, después aseguró que las investigaciones continuarán hasta encontrar a los responsables de estos asesinatos. Nada nuevo, nada que consuele, sobre todo, nada que sirva para una plena procuración de justicia.
El informe más reciente de la Covaj sólo confirma lo que ya les habían informado a las víctimas y reitera información que, previamente, había sido divulgada por los medios de comunicación, el empeño de esta comisión es deslindar a este gobierno de la “verdad histórica” que presentó la administración de Enrique Peña Nieto.
La “verdad histórica” que estableció el entonces procurador Jesús Murillo Karam consistía en indicar que “los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al Río San Juan, en ese orden, esta es la verdad histórica de los hechos”
En el informe de Alejandro Encinas se subraya que la “La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”, sin embargo, en las 16 conclusiones presentadas por la Covaj, en lo importante, no hay nada nuevo, nada que contradiga que los normalistas fueron asesinados, sólo es la versión de la Cuarta Transformación, la construcción de una narrativa más preocupada por establecer que la responsabilidad es de los regímenes anteriores antes que castigar a los culpables.
Tras rendir protesta como presidente, uno de los 100 compromisos que hizo públicos Andrés Manuel López Obrador fue “investigar a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”; en junio aseguró que ya sólo le faltaba cumplir dos puntos de esa lista: la descentralización y resolver el caso de los normalistas desaparecidos.
El informe del Covaj no aporta nada nuevo a las víctimas, no contradice la “verdad histórica”, únicamente aporta el reconocimiento de que fue un crimen de Estado, lo que sólo sirve a López Obrador para consolidar su imagen, palomear un compromiso más y responsabilizar a los regímenes anteriores.
Coda. La construcción de una verdad no sirve para la procuración de justicia, se requiere un compromiso real para garantizar el cumplimiento del marco legal, el respeto a los derechos de los ciudadanos y un ejercicio de la acción penal que no sea selectivo
@aldan
