- La propuesta busca que se reconozca el derecho a cuidar y recibir cuidados en la Constitución de Aguascalientes
- Para el sistema nacional, se requeriría una inversión del 1.6% del PIB, retornaría un 1.77%
En el 2020 la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde establece que toda persona tiene derecho a cuidar y a recibir cuidados y además establece la obligación del estado a establecer un Sistema Nacional de Cuidados para este fin y que representen una redistribución equitativa de las labores de cuidado entre hombres y mujeres y la conciliación entre la vida familiar y laboral.
Sin embargo, desde entonces el Congreso de la Unión se encuentra en una parálisis para plantear y analizar una propuesta para este sistema, esto a pesar de la presión de varias legisladoras.
A pesar de esta parálisis legislativa en lo nacional, en el Congreso del Estado está pendiente una iniciativa para modificar la constitución local para homologarla con la carta magna y a su vez expedir la Ley de Sistema de Cuidados para el Estado de Aguascalientes. Esta iniciativa está siendo promovida por la diputada Sanjuana Martínez Meléndez y aún se encuentra en comisiones para su discusión.
En esta iniciativa se propone que el sistema estatal funcione a través de un consejo el cual estará presidido por quien ocupe la gubernatura quienes serán los encargados de diseñar políticas y programas públicos para atender a las personas en situación de dependencia (ya sea por enfermedad, discapacidad y especialmente infancias y vejez), así como a los cuidadores sin importar el nivel socioeconómico.
A su vez se propone crear un fondo en común que pueda ser ejercido por la Secretaría de Salud, de Desarrollo Social y por DIF quienes serán los principales encargados de brindar apoyo y cuidado a las personas que lo necesiten.
De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), para que se tenga un sistema de cuidados nacional se requería una inversión del 1.6% del Producto Interno Bruto, pero a cambio se tendría un retorno del 1.77% y la tasa de empleo en mujeres incrementa en un 4%. Desde luego, se esperaría que fueran cifras similares para estados que implementaron este sistema.
