- Llaman al Congreso del Estado que advierta la importancia de su aprobación
- Recuerdan que 3 de 3 es un lineamiento aprobado unánimemente por el INE
Organizaciones y colectivos defensores de los derechos humanos de las mujeres del estado de Aguascalientes se pronunciaron en contra de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el requisito de no ser deudor de pensión alimenticia para ocupar un cargo público o de elección popular como parte de la iniciativa ciudadana 3 de 3 contra la violencia y en defensa de los derechos humanos de la niñez y llaman al Congreso del Estado que advierta la importancia de su aprobación.
En un comunicado conjunto de diversos organismos y colectivos como 50+1 capítulo Aguascalientes, Fundación Mujer Contemporánea, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, la Colectiva feminista, Mujeres en Avanzada en Aguascalientes, acompañada por otros asociaciones nacionales como Nosotras Tenemos Otros Datos, Fundación Kay Cantón y Fem Revista, se pronunciaron en contra de la acción de inconstitucionalidad promovida el pasado 7 de julio por María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este recurso legal se interpuso en contra de la reforma hecha en el estado de Yucatán, para invalidar el texto que establece que no podrán ser servidores públicos o candidatos las personas que sean deudores alimentarios morosos, disposición que forma parte de la iniciativa conocida como 3 de 3 contra la violencia, impulsada por Las Constituyentes Mx Feministas y diferentes organizaciones y colectivos de mujeres en las entidades de todo el país.
Además, las organizaciones firmantes solicitaron a los integrantes del Congreso del Estado de Aguascalientes que advierta la importancia que tendría para las mujeres de esta entidad la aprobación de la Ley tres de tres contra la violencia, “con esto se lograría proteger a las infancias y a las madres que han visto vulnerados sus derechos humanos”, recalcan.
Las asociaciones puntualizan que la tres de tres, además de ser un lineamiento aprobado unánimemente por el INE, es ley en la Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Oaxaca y Chiapas y, actualmente está en proceso de aprobación en los Congresos locales de otras catorce entidades, incluido el Estado de Aguascalientes.
“Esta ley aprobada por el Estado libre y soberano de Yucatán es una buena práctica de gobierno, que permite elevar la ética en el servicio público y garantizar una adecuada representación ciudadana a nivel político al impedir que quienes tengan antecedentes y/o sentencias firmes por ser deudor alimentario, ser agresor o acosador sexual y agresor en razón de género, pueda acceder a un cargo político o al servicio público. Le recordamos a Rosario Piedra Ibarra que quien no cumple resoluciones judiciales no puede ubicarse en el mismo plano de quienes respetan la ley, ya que el impago de pensiones alimenticias, el abuso, acoso u hostigamiento sexual y la violencia hacia las mujeres son delitos”, subrayan.
Destacan que desincorporar este lineamiento de la ley yucateca, como algo indebido al deudor alimentario, es violatorio de derechos de niños, niñas y adolescentes, así como de las madres de familia, ya que durante años, muchos padres fueron omisos en cumplir con la manutención de hijos, hijas o personas discapacitadas, con total impunidad. Este hecho constituye violencia económica contra las mujeres que quedan a cargo de las familias y viola los derechos de las infancias a una vida libre de violencia.
Para las activistas, resulta inadmisible que la CNDH hoy se pronuncie a favor de prácticas violatorias de la Carta Magna en materia de derechos humanos y las leyes que los regulan. La CNDH pasa por alto los derechos de la niñez, las convenciones internacionales y pretende entorpecer la calidad moral y social de quienes ejercerán el servicio público o la representación popular.
Las organizaciones civiles rechazaron la acción de inconstitucionalidad de la CNDH por considerarla una violación absoluta de los derechos de las infancias y las mujeres en situación de violencia en el país; por lo que se unieron a las exigencias de diversos organismos nacionales a la Suprema Corte de Justicia para que reestablezca la constitucionalidad de la ley presentada en el Congreso de Yucatán.
