CIUDAD DE MÉXICO.– En 2021, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas representó un monto de 120.2 mil millones de pesos, es decir, 0.67% del Producto Interno Bruto (PIB), reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, elaborada por el instituto de estadística, las medidas preventivas representaron un gasto estimado para las unidades económicas de 69.9 mil millones de pesos, que gastaron en cambiar y colocar cerraduras y candados; instalar alarmas o cámaras de vigilancia; cambiar puertas y ventanas; colocar rejas o bardas o contratar personal de seguridad.
Por su parte, el costo promedio del delito por unidad económica a consecuencia del gasto en medidas de protección y de las pérdidas a consecuencia del delito durante 2021 se calculó en 56 mil 936 pesos.
A nivel general, se estimó que 24.6% de las unidades económicas del país fue víctima de algún delito en 2021, lo que equivale a 1.2 millones de unidades económicas víctimas, cifra inferior a la de 2019, cuando la estimación fue de 30.5%.
De ese total de víctimas de algún delito, 27.8% fueron unidades económicas del sector comercio; 19.4%, del sector industria, y 22.7% del sector servicios.
Los delitos con más incidencia fueron la extorsión; seguido por el robo y asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes; robo hormiga; actos de corrupción; fraude; robo de mercancía en tránsito; robo total y parcial de vehículo; así como el daño a instalaciones, maquinaria y equipo.
Cabe destacar que durante 2021 se cometieron 829 mil delitos de extorsión. De estos, 67.6 mil correspondieron a extorsión en la calle, en el establecimiento, o cobro de piso. En 44.8% de los casos se pagó el monto exigido.
Los estados con el mayor número de empresas víctimas fueron Baja California, Colima, Ciudad de México, Durango, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.
Según el Inegi, en 2021 se denunció sólo 11.4% de los delitos. De estos, 74.4% llevó al inicio de una carpeta de investigación en el Ministerio Público o Fiscalía estatal. Del total de delitos, se inició carpeta de investigación en 8.5% de los casos.
En otras palabras, lo anterior representa un 91.5% de delitos sin denuncia o sin inicio de carpeta de investigación, es decir, 2.6 millones de delitos de los 2.9 millones ocurridos.
Y es que del total de denuncias hechas por víctimas ante el Ministerio Público o Fiscalía estatal, en 55.1% de los casos no sucedió nada o no se resolvió, o bien, está en trámite la denuncia. Esto equivale a un total de 179 mil delitos de los 326 mil denunciados.
Entre las razones para que las unidades económicas no denunciaran el delito ante las autoridades destacaron: pérdida de tiempo, con 37.5% y no tenía pruebas, con 18.1%.
Por causas atribuibles a la autoridad están las razones de: miedo a que lo extorsionaran, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad o por malas experiencias anteriores con la autoridad.
