El Congreso de la Unión — la Cámara de Diputados y el Senado de la República — aprobaron la iniciativa para ampliar las facultades del Ejército y Marina en materia de seguridad pública hasta el año 2028. Es decir, estas instituciones permanecerán en las calles incluso después que termine el sexenio en curso.
Luego de este hecho, la propuesta fue turnada a los congresos locales de las 32 entidades federativas para su discusión y aprobación. Debido a que se trata de una reforma constitucional, es necesario que la mayoría de los estados aprueben la iniciativa.
El Congreso del Estado de Aguascalientes ha deliberado esta propuesta de militarización, la cual fue negada desde la comisión de Gobernación y puntos Constitucionales. Esta es la primer entidad federativa y única hasta el momento en desechar la propuesta. Pasará a la Junta de Coordinación Política para su dictamen.
Las y los diputados de la comisión rechazaron de forma particular los artículos transitorios donde se permite que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) participe de manera activa en las tareas de la Guardia Nacional. Cabe recordar que esta organización de seguridad, que en principio sería de carácter civil, ha sido incorporada formalmente a la SEDENA.
El primer estado en aprobar la minuta fue Oaxaca. Fue seguida por la Ciudad de México, Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Campeche, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Michoacán, Hidalgo, Edomex, Tlaxcala, Baja California, Tamaulipas, Nayarit y Sonora. Dado que se necesitaba el aval de 17 congresos locales, la negativa de Aguascalientes no evita que se reforme la Constitución. Sigue la publicación de la norma en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.
Esta reforma fue impulsada por el PRI y respaldada por Morena, con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador. Se argumentó que es necesaria la participación las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública para frenar a organizaciones criminales, específicamente cárteles de narcotráfico, en el territorio nacional.
