La doctora en derecho Ángela María Buitrago, integrante del GIEI que trabaja en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, afirma en entrevista que más allá del grado de participación del Ejército Mexicano en el crimen contra los normalistas, los obstáculos a la investigación provienen de “grupos influyentes” interesados en ocultar que funcionarios de todos los niveles están involucrados con el narcotráfico.
La integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Ángela María Buitrago, está convencida de que más allá de la participación de militares en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo que “sectores influyentes” de México han tratado de ocultar desde un principio es la implicación de autoridades de todos los niveles en el narcotráfico en Guerrero.
Ese factor, a su juicio, es lo que está detrás “de todo lo que se construyó alrededor del caso Ayotzinapa con base en la mentira y la simulación”.
La duda que tiene la experta en investigaciones de crímenes atroces es “si las influencias que hay hoy son más o menos fuertes” que las del pasado. Eso, agrega, “no lo sé”.
Lo que sí sabe con certeza es que los documentos hackeados por Guacamaya a la Sedena y que han sido divulgados en los últimos días ratifican muchos de los hallazgos de las investigaciones del GIEI.
En entrevista con Proceso, la abogada y exfiscal colombiana se refiere, en particular, a la “intromisión” del secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, en las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas, la cual quedó expuesta en uno de los oficios sustraídos por el colectivo Guacamaya.
De acuerdo con la experta, lo que también ha quedado “muy claro” en uno de esos documentos es que el general Sandoval ha omitido información relevante al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en concreto sobre el capitán José Martínez Crespo, detenido por su presunta implicación en ese hecho y por quien el jefe militar intercedió ante el mandatario.
Buitrago dice que los documentos del hackeo confirman “lo que ya sabíamos: que hay mucha información que (los militares) nunca nos dieron, que la tienen y la siguen ocultando”, y que los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala fueron “aleccionados” por sus superiores para ajustarse a un guion durante la visita de los padres de los 43 normalistas y los integrantes del GIEI a esas instalaciones en 2015.
“Les prohibieron hablar de lo que un asesor del secretario de la Defensa Nacional (de aquel entonces, general Salvador Cienfuegos) no quería que hablaran”, asegura la experta del GIEI, quien ha investigado el caso Ayotzinapa desde 2015.
–¿Esa misma defensa institucional que ha hecho el Ejército de los militares presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa desde el sexenio pasado, con el general Cienfuegos, la está viendo el GIEI este sexenio, con el general Sandoval? –se le pregunta a Buitrago.
–Sí, claro –responde–, lo que pasa es que este sexenio ha habido una flexibilización aparente de la SEDENA, y han soltado información de utilidad, pero la postura sigue siendo la misma.
Y agrega: “Se lo dijimos también al presidente, que hay mucha información que (los militares) nunca nos dieron. Lo que está saliendo en los Guacamaya Leaks lo demuestra, y esto nos permite decir que todas esas interferencias, todas esas intromisiones, todos esos aleccionamientos y todas esas prohibiciones, pues tienen una razón clara, y es no dejar saber qué pasó”.
Un acto de fe
Buitrago deslinda de la opacidad de la SEDENA a López Obrador. Dice que el presidente “ha sido insistente en que se abran los archivos” y “ha dado órdenes muy fuertes” en ese sentido, lo que hizo que en enero de 2021 la institución militar entregara al GIEI varios archivos del caso.
“Pero se les contestó por escrito que faltaban documentos, que faltaba inclusive lo del centro regional de inteligencia de Iguala (el Comando Regional de Fusión de Inteligencia) y nos contestaron que eso no existe, cuando sabemos que existe, sabemos que está y que hay oficios de ese centro de septiembre del 2014 y de octubre del 2014”, señala la doctora en derecho.
En su III Informe, que fue divulgado al público el 29 de septiembre –al mismo tiempo que se hizo público el IV Informe– después de mantenerse restringido para no entorpecer las investigaciones, el GIEI señala que la escasa información del Comando Regional de Fusión de Inteligencia a la que tuvieron acceso “muestra datos muy significativos que nunca pudieron ser utilizados y que hubieran servido para realizar indagaciones” útiles “a la investigación integral y exhaustiva, así como a la búsqueda de los desaparecidos”.
–¿Ustedes han encontrado, en su trabajo de investigación y en los oficios de Guacamaya, elementos que les permitan suponer que el Presidente está protegiendo al Ejército? –se le pregunta a Buitrago.
–Yo no me voy a meter en esa discusión. Yo lo que creo categóricamente es que él le quiere creer a su secretario de Defensa. Es evidente que lo que salió en el hackeo le está mostrando cosas que ya le pueden dar indicios, pero cuando tú crees en una persona y todo el mundo te dice “no y no y no”, pues tú sigues creyendo en esa persona. Sin lugar a dudas él cree en su secretario, por eso lo tiene ahí.
–¿Ve una decisión política del Presidente para apoyarlo?
–Es un acto de fe que de pronto está respaldado en las acciones que le demuestran que sí abrieron archivos, como él lo pidió. Inclusive vi que les exigió mostrar el contrato de Pegasus (el software para espiar teléfonos). Entonces es natural que él trate de defenderlos, pero también reacciona, como cuando él vio que no nos abrían archivos y ordenó que nos los dieran. Sí, nos los dieron, pero quizá él no sabe que no nos dieron todo.
La mano del narco
Buitrago considera que el ocultamiento de información y las interferencias de los militares en la investigación del caso Ayotzinapa no sólo tendrían como propósito encubrir a algunos de sus miembros, sino impedir que se conozca el grado de involucramientos de autoridades civiles, militares y policiacas de todos los niveles con grupos de narcotraficantes, como Guerreros Unidos.
“Cuando tú miras la magnitud del trasiego de droga en Iguala, que era conocido sin ninguna discusión desde 2013 y 2014, sobre todo; cuando tú ves las investigaciones de Estados Unidos, tú dices: ¿qué es lo que realmente en el fondo se está tapando?”, señala la exfiscal.
–¿Y hasta donde llegan los hallazgos del GIEI de ese asunto?
–Hasta el punto en que sabemos que hay una relación clara entre miembros de los cárteles (Guerreros Unidos y Los Rojos, que traficaban heroína y cocaína a Estados Unidos) e integrantes del Ejército, la Marina, políticos y policías municipales. Aquí, vuelvo e insisto, el tema es trasiego de droga, recibo de plata, cooptación y colusión. La pregunta es: ¿y qué pasó con las investigaciones de esas personas que se sabía que estaban coludidos desde esa época?
–¿Hasta dónde los altos mandos estaban enterados de esa situación?
–La situación no sólo era conocida por los que estaban allá, sino por los que estaban en la ciudad, en este caso por DN1 (siglas con las que se identifica en los reportes militares al general secretario de la Defensa Nacional, en esa época Salvador Cienfuegos). Esto no es nada nuevo. DN1 supo todo en tiempo real (esa noche) y conocía la existencia del narcotráfico en Guerrero.
