Desde que tengo memoria, escucho a quienes me rodean dolerse de la falta de agua, el tráfico, la delincuencia, de que nadie hace nada. No somos pocas las personas que nos acostumbramos a escuchar que las decisiones de gobierno no son de nuestra incumbencia, pues cada paso que se da en esa esfera resulta de acuerdos cupulares en donde la gente no tiene cabida. Nos acostumbramos a no tenerla. Por costumbre se entienden las acciones que, a fuerza de repetirse en el tiempo, se transforman en hábitos. Desde la teoría del derecho, este tipo de comportamientos pueden convertirse en normas jurídicas cuando son reconocidos por el Estado. Aunque, en ese encuadre, la costumbre antecede a las leyes, hay derechos previstos en las mismas que, por apatía o desconocimiento, no se ejercen a plenitud. La participación ciudadana en asuntos públicos es, en mi opinión, uno de estos.
La democracia es una forma de organización en la que, si bien el poder procede del pueblo, no es ejercido por este sino a través de representantes que se eligen por medio de nuestro voto, gracias al que adquieren autoridad para tomar las decisiones que nos afectan a todas, todes y todos. Aunque su función es preservar el bien común, uno de los riesgos de este sistema de gobierno, con motivo de la concentración del poder político, tiene que ver con la primacía de los intereses particulares de una pequeña élite sobre el interés general, sobre las muchas y diversas necesidades de la sociedad que requieren respuestas en forma de políticas públicas.
La participación ciudadana es la herramienta constitucional para garantizar a las personas de a pie el acceso a las decisiones políticas y, en mi opinión, una forma para contrarrestar el centralismo. El mecanismo más conocido es el que permite a la ciudadanía manifestar sus preferencias en el relevo de autoridades mediante el sufragio libre, secreto y directo. Sin embargo, el abanico de posibilidades para involucrarse en los procesos de toma de decisiones es mayor, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes prevé los siguientes instrumentos: plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana, consulta de revocación de mandato, presupuesto participativo, cabildo abierto, consulta ciudadana y comités ciudadanos (Artículo 3°, 2018). A propósito de ello, el pasado 17 octubre, el Cabildo capitalino aprobó el Reglamento de Presupuesto Participativo que posibilitará que una parte de los recursos del Gobierno Municipal se destine a proyectos propuestos por la población, de acuerdo con la nota de Gabriel Soriano para LJA (2022). Conviene señalar que la reglamentación de dicho mecanismo sigue pendiente en los demás Ayuntamientos.
Desde 2018, año en que se aprobó la mencionada legislación, solamente se han presentado tres solicitudes para llevar a cabo alguno de estos procesos participativos: dos para la realización de plebiscitos y una iniciativa ciudadana. Los dos primeros proyectos fueron resueltos por el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes en sentido negativo, al pretender someter a consulta la continuidad de la concesionaria responsable del abasto de agua, con posible impacto al erario municipal. En tanto, la iniciativa ciudadana para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural fue aprobada por el Congreso del Estado el 12 de febrero de 2021; no obstante, el pasado 10 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó dicha porción normativa por considerarla contraria a la Constitución.
En Aguascalientes el interés de la ciudadanía en elegir a la persona titular del Poder Ejecutivo se encuentra en franco declive, pues en 30 años la asistencia a las urnas cayó de 64.44% en 1992, a 45.94% en 2022, de tal suerte que la jornada electoral de este año presentó los mayores índices de abstencionismo en tres décadas. La contienda de 1998, que resultó en el primer cambio de partido gobernante en el estado, tuvo la afluencia más alta de votantes en el periodo de referencia, con un 67.42%, pero después de ese pico las personas que deciden hacer efectivo su derecho a votar han registrado un descenso progresivo: en 2004, la participación fue de 55.9%; en 2010, de 54.28% y en 2016, de 49.19%. En contraste, la elección intermedia de 2021 a través de la que se renovaron el Congreso y Ayuntamientos, alcanzó una asistencia a las urnas de 50.27%, convirtiéndose en una de las más altas en la historia reciente de esta entidad federativa.
Además de una herramienta para contrarrestar la concentración de poder, la participación de la ciudadanía es fundamental para el proceso de política pública, que comprende el diseño, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones de gobierno tendientes a resolver un problema público. De acuerdo con Sanhueza (Cepal,2018) fortalece la gobernabilidad y el Estado de Derecho, aumenta la legitimidad de las decisiones políticas, permite anticipar posibles conflictos sociales y capacita a la sociedad frente a los asuntos de Estado.
Tampoco hay que perder de vista que la democracia participativa es todavía un modelo inacabado, tanto en materia legislativa como en su operación. Los procesos de participación presentarán limitantes y, por más que nos involucremos, tal vez continuemos adoleciendo la falta de agua, el tráfico, los impuestos, la delincuencia al primer intento. No por ello, la ciudadanía debe dejar de entenderse como un derecho, y el desinterés, como un obstáculo a su pleno ejercicio y con repercusiones a nivel individual y colectivo. Tal vez continuemos adoleciendo, sí, pero no de que nadie haga nada.
Bibliografía
Periódico Oficial del Estado. 2018. “Ley de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes”. Decreto 235. Lunes 26 de febrero de 2018. p. 42 Disponible en: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/64.pdf#page=42
Soriano, G. 2022. “Ciudadanos de Aguascalientes podrán decidir en qué se gastan 20 millones de pesos”. LJA.mx. Disponible en: https://www.lja.mx/2022/10/ciudadanos-de-aguascalientes-podran-decidir-en-que-se-gastan-20-millones-de-pesos/
Sanhueza, A. 2018. “Participación ciudadana en la gestión pública”. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. CEPAL. Disponible en: https://comunidades.cepal.org/ilpes/es/grupos/discusion/participacion-ciudadana-en-la-gestion-publica
