Mientras que se protege a las autoridades en el caso de personas extranjeras fallecidas en una cárcel ilegal… perdón, en un centro del INM (si se atribuye responsabilidad a una autoridad por omisión, debe ser coautor de delitos de homicidio, y no de “ejercicio indebido” de un servicio público); mientras que los partidos “opositores”, que quieren “salvar” a México, curiosamente se unen al partido que critican, con tal de “mayoritear” la aprobación de una reforma que violente los derechos humanos de las mujeres y los grupos vulnerables; y mientras que las “excelentes estrategias de seguridad” en los Estados, siguen provocando la muerte de cientos de mexicanos y personas inocentes, nuevamente, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que el Estado mexicano ha cometido delitos en contra de los seres humanos.
La Corte Interamericana ha declarado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los demás Poderes Judiciales y autoridades del Ejecutivo y Legislativo, han violentado la Convención Americana de Derechos Humanos, al afectar la libertad de miles de personas por aplicar artículos de una norma Constitucional violadora de derechos humanos. La cuestión es que ni tres, ni cuatro o más sentencias de la Corte Interamericana han logrado que las autoridades mexicanas acaten el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que se comprometieron a cumplir, y garanticen los derechos de sus individuos y sociedades.
Es importante recordar que los derechos humanos no están sujetos al cálculo de intereses políticos o escrutinios de un grupo específico, sino que se dirigen a personas concretas, a las cuales debe otorgárseles un mínimo de bienestar para vivir dignamente como seres humanos. En consecuencia, en una relación de derechos humanos y fundamentales se encuentran los titulares de los derechos (personas) y los sujetos obligados a respetarlos (autoridades y civiles), y entre esos sujetos obligados se encuentran los Poderes públicos que representan a la sociedad, no a intereses partidarios o formas individuales de pensar.
Todas las autoridades están obligadas a aplicar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos cuando ejecuten sus actividades. En este sentido, si la actividad es crear una Ley o realizar una actividad, éstas no pueden ir en contra de los derechos de las personas, y mucho menos ignorar los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues sus sentencias y jurisprudencias son obligatorias y deben cumplirse al llevar a cabo la toma de decisiones. En la actualidad ya no es argumento válido el que esas sentencias sólo le apliquen a los órganos jurisdiccionales, sino que de acuerdo a los artículos 1º y 133 de la Constitución Mexicana y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, y de la propia Constitución Política de Aguascalientes en su artículo 2º, todas las autoridades tienen la obligación de respetar y proteger esos derechos, y quien no lo hace, realiza actos contra la Constitución y la Democracia, e incluso estarían cometiendo un delito.
Nuevamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos enmienda la plana a diversas autoridades mexicanas y les explica con manzanitas que los procesos de creación de leyes o generación de actos, no son sistemas de autómatas que aprueben una ley o ejecuten una orden y no puedan ver más allá; sino que son sistemas de protección de derechos humanos de todos aquellos que estamos en suelo mexicano. A pesar de lo anterior, seguimos viendo como las leyes y las decisiones siguen siendo producto de escritorio, y no del contacto directo con la realidad. En lugar de hacer normas o actos que obliguen a las autoridades a cumplir con sus funciones de protección y satisfacción de derechos humanos y fundamentales, se siguen aprobando leyes y realizando actividades que lentamente van destruyendo los derechos y garantías, y mantienen un sistema social acrítico y restrictivo, disfrazándolo de benéfico y supuesto protector de derechos.
El camino para seguir es el crear e implementar políticas públicas integrales para la satisfacción de necesidades humanas en forma digna para el desarrollo adecuado del ser humano; y dejar de caminar con políticas restrictivas de las libertades que no generan evolución social, y solo incrementan el miedo, el odio, el egoísmo, la división y la violencia. Pero como siempre, las leyes y el derecho son la bandera imperante para obtener grandes canteras de votos (junto con Rosalía, los Tigres del Norte y los Black Eyed Peas, y sus presentaciones “gratuitas”). Ahí es donde realmente vemos en qué lugar nos tienen a los demás, y la diferencia esencial entre servir al pueblo o para qué les sirve el pueblo.
