Tal vez para rastrear el origen de la expresión “Estado de derecho” tendríamos que remontarnos hasta Kant. El Estado de Derecho es en la filosofía política la idea radical, si se quiere, de que todos los ciudadanos e instituciones dentro de un país, estado o comunidad, son responsables ante las leyes. En algunas tradiciones jurídicas contemporáneas, la expresión alude a la supremacía de la Constitución, y se supone que la existencia de un Estado de Derecho sólido es indispensable y necesaria para la consolidación democrática de un Estado-nación. Bajo esa perspectiva, vale preguntarnos si en el caso mexicano la fragilidad del Estado de derecho actual es una amenaza mayor para la consolidación democrática.
Como sabemos, el “Índice de Estado de Derecho 2022”, elaborado por la organización World Justice Project (WJP), propone medir el Estado de Derecho en 140 países y puede consultarse en: worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/. Los países mejor clasificados en el índice son Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y los Países Bajos. En Iberoamérica serían Uruguay, Costa Rica o Chile. México está en los últimos lugares de la región, es decir, con los peores indicadores. Sabemos también que para el WPJ el Estado de Derecho es “un sistema de reglas en el que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a la ley, la cual se aplica de forma equitativa, justa, y con total apego a los derechos humanos”.
Dicha organización advierte, con razón, que el deterioro del EdD (Estado de Derecho) debería causar preocupación en todos los países porque tiene una serie de graves y negativas para la sociedad, entre ellas: aumento de la delincuencia y la violencia, disminución del crecimiento económico, acceso reducido a la justicia, aumento del malestar social y erosión de la confianza en el gobierno. Todas ellas, en mayor o menor medida, presentes en nuestra realidad actual, por desgracia. El Índice mide el EdD en ocho áreas: restricciones al poder del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, aplicación de regulaciones, justicia civil y justicia penal.
Algunos de los hallazgos del citado índice para 2022-23 son: 1. El EdD ha disminuido a nivel mundial por sexto año consecutivo; 2. El deterioro del EdD es más pronunciado en los países afectados por conflictos y fragilidad institucional; 3. El declive del EdD es más evidente en países con altos niveles de corrupción y desigualdad; 4. El declive del EdD es una amenaza para los derechos humanos, el desarrollo económico y la estabilidad social. Así también, para el WJP son varios factores los que han contribuido al debilitamiento del Estado de Derecho en el mundo, entre ellos: 1. El auge del populismo y el nacionalismo; 2. La erosión de la confianza en las instituciones; 3. La mayor polarización de las sociedades; 4. La creciente amenaza de la ciberdelincuencia y otras formas de delincuencia transnacional.
México ocupó el puesto 115 de los 140 países estudiados en el Índice, bajando desde el 113 en 2021 (es decir empeorando), y en cada una de ocho áreas medidas ocupó los siguientes lugares: 102 en restricciones al poder del gobierno, 134 en ausencia de corrupción, 44 en gobierno abierto, 91 en derechos fundamentales, 130 orden y seguridad, 104 en aplicación de regulaciones, 131 en justicia civil y 128 en justicia penal. Los resultados para nuestro país reflejan una indiscutible realidad: es fácil violar el orden jurídico, la mayoría de las veces con impunidad. Así, el WJP recomienda diversas medidas para mejorar el EdD. Entre ellas: 1. Fortalecer los controles y equilibrios sobre el poder del gobierno; 2. Adoptar medidas enérgicas contra la corrupción; 3. Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno; 4. Proteger y hacer efectivos los derechos fundamentales; 5. Reducir la delincuencia y la violencia; 6. Hacer cumplir las regulaciones de manera más efectiva; 7. Lograr que los sistemas de justicia civil y penal sean justos y eficientes. Dichas medidas parecen todas posibles y alcanzables en un plazo razonable, pero por razones casi inexplicables no ocurre. Entendemos que se requiere un amplio consenso y voluntad política firme. Así que si hasta ahora los políticos y sus partidos no saben, no pueden o no quieren poner manos a la obra, tocará cada vez más a la sociedad mexicana en su conjunto tomar la iniciativa y empujar los urgentes cambios en la cultura de la legalidad, entendida como “conocimiento y difusión institucional de la normativa aplicable, así como obediencia y cumplimiento de la misma.
@efpasillas
